Ciudad de México.– La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) entregó un informe a la ONU en el que denuncian la legitimidad de la reforma judicial en México, al advertir que el gobierno recurrió a la coacción, persecución y amenaza a opositores para aprobarla.

La Misión Internacional de Observación y Seguimiento al Proceso Legislativo de la Reforma Judicial de México de la COPPPAL, entregó su informe hoy en Nueva York al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

También dio parte al secretario general de la Unión Interparlamentaria (UIP), Martin Chungong, así como a la subsecretaria Ilze Brands Kehris, responsable de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

“(La reforma) contiene elementos suficientes para concluir que México está sufriendo una seria deriva autoritaria que pone en riesgo las instituciones de la democracia y del Estado de derecho, así como el respeto a los derechos humanos”, dijo la COPPPAL en un comunicado.

El organismo internacional advirtió que la legitimidad del proceso de aprobación de la reforma judicial queda en entredicho por las innumerables denuncias de coacción y amenaza a senadores de oposición.

En particular, señala que Movimiento Ciudadano, PRI y PAN denunciaron amenazas del crimen organizado y persecución política desde el Estado mexicano, contra diversos senadores, entre ellos, el priista Alejandro Moreno, el emecista Daniel Barreda y Miguel Ángel Yunes Márquez y su suplente, Miguel Ángel Yunes Linares, originalmente panistas.

La COPPPAL indica que, de acuerdo al PAN, a los Yunes se les reactivaron diversos procesos judiciales durante el proceso legislativo, hasta que accedieron a votar en favor de la reforma judicial, otorgando al oficialismo el voto que les faltaba.

“No es compatible con el fortalecimiento del Estado de Derecho una reforma judicial acontecida mediante mecanismos que lindan con lo ilegal. Aún y cuando ha sido aprobada, es un imperativo que el diálogo retorne a los sectores vinculados a este proceso, puesto que, de no hacerlo, el peligro de debilitamiento del sistema político mexicano es significativo”, señala.

Esta Misión fue enviada a la ONU por la Comisión de Paz, Mecanismo de Resolución de Controversias de la COPPPAL, conformada por dirigentes políticos de 10 países.

Su informe se basa en una visita in situ que desplegó del 8 al 13 de septiembre pasados, para la observación, seguimiento y evaluación de la reforma, y la recopilación de información sobre denuncias y ataques sistemáticos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial de la Federación mexicano.

El documento refiere que, si bien todos los sectores entrevistados coinciden en la necesidad de realizar una profunda reforma judicial, se requiere un amplio proceso de discusión, debate y construcción de consensos, algo que no existió en la recién aprobada reforma, porque el oficialismo aprovechó su mayoría legislativa.

Agrega que también documentó que son infundados la mayoría de los señalamientos que hizo el ex Presidente López Obrador contra el Poder Judicial, en los que criminaliza y estigmatiza a los empleados y funcionarios judiciales, quienes ven amenazada su estabilidad laboral y su propia seguridad e integridad.

Ciudad de México.- Estudiantes desplegaron una manta frente a Palacio Nacional y entregaron un oficio dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum con la petición de que las juventudes participen en la creación de leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial y que la mandataria emprenda un proceso de pacificación en México, ante el aval de que la Guardia Nacional pase a manos del Ejército.

La madrugada de este viernes, integrantes del movimiento Generación del 24′, se apersonaron en la explanada del Zócalo capitalino con un altavoz y una lona que decía: “Estudiantes y jóvenes en defensa del derecho al futuro”.

Posteriormente, se dirigieron a la oficina de Atención Ciudadana, para entregar un pliego petitorio con acciones solicitadas a la primera Presidenta de este país, documento que fue recibido y sellado con fecha 11 de octubre.

En el escrito, manifiestan su preocupación por las reformas recientemente aprobadas en el Poder Legislativo, sobre el Poder Judicial y la Guardia Nacional.

“La situación en la que se encuentra nuestro país es derivada de la aprobación intempestiva de las reformas al Poder Judicial y a la Guardia Nacional, hace inexorable e impostergable que las y los estudiantes y jóvenes de México, levantemos la voz exigiendo que se respete y garantice nuestro derecho a tener un futuro democrático inclusivo, plural y sostenible”, expusieron.

En el oficio enviado por la vía institucional a la presidenta, reprocharon que los jóvenes y estudiantes del país han sido excluidos de participar de manera activa y consciente en las discusiones públicas, “que indebidamente han sido monopolizadas por parte de los sectores políticos tradicionales”.

Criticaron que en el paquete de iniciativas de reforma del pasado 5 de febrero de 2024, presentadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, las voces de las juventudes no fueron escuchadas hasta la “discusión” (entrecomillaron), en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales.

“La coyuntura política, social y económica del país debe tener como norma en todo momento el fortalecimiento de la división de poderes y el respeto a los derechos humanos, pilares esenciales de toda sociedad que aspira a tener una democracia constitucional”, consideraron los jóvenes que fueron observados en meses pasados en protestas en las calles y al exterior de recintos legislativo.

“Durante este periodo, como jóvenes decidimos movilizarnos y hacer uso de las vías institucionales y constitucionales para buscar restablecer el diálogo con las autoridades y fuerzas políticas del país con la finalidad de poder lograr la discusión plural, consciente e informada que pudiera derivar en una reforma integral en materia de justicia y la no militarización de la seguridad pública”, refirieron.

En el pliego petitorio entregado esta mañana en Palacio Nacional, le externaron a la presidenta Sheinbaum, seis peticiones como parte del pliego petitorio.

El primero es que ordene el cese de hostilidades y agresiones en contra de los estudiantes y jóvenes para que puedan expresar de manera libre sus ideas en un ambiente de respeto, pluralidad y diversidad de pensamiento. El segundo, que se establezcan mesas de trabajo con las diferentes fuerzas públicas de México a efecto de que se escuchen de manera activa y consciente sus reclamos de con motivo de las reformas; el tercero que se haga un llamado para que los actores políticos del país cumplan con las suspensiones dictadas en los diversos juicios de amparo promovidos en contra en la reforma judicial a efecto de que se preserve un orden constitucional y legal en esta nación.

El siguiente es que se establezcan los mecanismos institucionales para que durante el gobierno de la morenista, estudiantes y jóvenes puedan participar en la vida pública del país de manera activa, directa y en un ambiente de República fraterna; el quinto que se les involucre en la creación de leyes secundarias para la instrumentalización de la reforma judicial, para poder hacer valer sus preocupaciones respecto a los derechos de acceso a la justicia, a la independencia judicial y el derecho a un futuro democrático, inclusivo y plural y sostenible.

Y como sexto y último punto, que se lleve a cabo un proceso de pacificación en México, mediante un llamado a todos las autoridades del Estado y todos los actores de la población a la unidad y la reconciliación.

“Estamos convencidos de que la reparación del tejido social en nuestro país reside en una búsqueda de la paz y en el fortalecimiento de la educación, la cultura y el diálogo democrático, inclusivo, plural y sostenible”, consideraron.

Ciudad de México.- El encuentro del lunes 7 de octubre entre el ratificado director del INAH, Diego Prieto, y los sindicatos de la Institución conducirá a las organizaciones gremiales a una reunión con la Secretaría de Cultura, a la que también acudirán los colectivos de trabajadores que han solicitado audiencia con la titular de la dependencia, Claudia Curiel.

Este viernes 11 se confirmarán la fecha, el lugar y el número de asistentes permitidos, informan asistentes a dicho encuentro.

En el contexto de la reunión del lunes, representantes de restauradores, investigadores, administrativos, técnicos y manuales hicieron pública su postura sobre la ratificación de Prieto: cinco de seis sindicatos rechazaron o cuestionaron la permanencia del antropólogo al frente del INAH, aceptado, en cambio, por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNTSC).

La relación de Prieto y la mayoría de los sindicatos ha estado marcada por el desacuerdo en cuestiones normativas, como la Ley Orgánica, u operativas, como el cambio de adscripción de un trabajador amenazado por el narcotráfico, como se lee en los respectivos pronunciamientos, cuya copia consultó REFORMA.

“Coincidimos en que la publicación del Reglamento de Ley Orgánica es un gran logro, dado que el INAH había operado durante más de 80 años sin esta herramienta esencial. Sin embargo, como recordará, las representantes de la rama de restauración en el grupo de trabajo para el Anteproyecto de Reglamento de Ley Orgánica (ARLO) manifestaron que el documento que se difundió al personal del INAH en el verano de 2018 no era el mismo que se firmó en las minutas por los miembros de ese grupo de trabajo.

“Además, durante la etapa de difusión del documento, en la que se podían hacer observaciones o aportaciones, el personal de restauración expresó por escrito una serie de preocupaciones y propuestas en beneficio de nuestra área de trabajo. Este documento fue enviado por correo electrónico, sin recibir confirmación de su recepción. Creemos que, dado su interés en la continuidad, es un buen momento para retomar e integrar estas aportaciones”, expone el Sindicato Nacional de Restauradores (SINAR).

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores, Administrativos, Manuales Técnicos y Profesionistas (SNTAMTP-INAH) demanda en el primero de los 12 pendientes enumerados: “Formalización del cambio de adscripción inmediato del compañero de Chihuahua, José Efrén Domínguez Guzmán, amenazado por el crimen organizado”.

El segundo reclama la integración del sindicato en las comisiones nacionales y el respeto a la bilateralidad.

El Sindicato Nacional de Arquitectos refiere la inacción del INAH ante decisiones de Gobierno que contravienen la propia norma del Instituto, como sucedió en Mazatlán, Sinaloa, donde la Sedatu demolió la Casa del Marino, o en Zacatecas, donde el Gobernador construye un viaducto elevado, y en Campeche, cuya Gobernadora acusa a un especialista de obstaculizar licencias.

Los arquitectos refieren también incumplimiento en las Condiciones Generales de Trabajo e ineficiencias en las áreas jurídicas en los centros de trabajo que impiden atender las denuncias que se presentan.

El Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia (SNPICD) aduce que las condiciones de pauperización del Instituto y de sus escuelas, así como la violación a los derechos laborales, entre otros puntos, desacreditan a Prieto y rechazan, en consecuencia, su ratificación.

El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC) no se presentó a la reunión del lunes, porque según hizo saber el director del INAH solicitaron una reunión por separado. Su postura se conoció a través de redes sociales, con un pronunciamiento contra la ratificación de Prieto.