El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, afirmó que la reciente sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, y su esposa Linda Cristina Pereyra, confirma un esquema de defraudación millonaria que se extendió a lo largo de los gobiernos de Calderón y Enrique Peña Nieto.
Durante la conferencia matutina del gobierno federal, Gómez aseguró que el caso evidencia la continuidad de un “Estado corrupto” instaurado desde los años 50 y destacó la importancia de conocer “la historia de una trama corrupta como muchas otras que quedaron ocultas en el país”.
Uso político del dinero y red empresarial
- Parte de los recursos obtenidos ilícitamente fueron utilizados para financiar campañas políticas, señaló Gómez.
- Actualmente se investigan 15 empresas involucradas en el esquema de lavado de dinero, algunas de ellas creadas exclusivamente para esas operaciones.
- Se estima que esas compañías manejaron cerca de 100 millones de dólares en movimientos financieros irregulares.
Contradicciones judiciales
Aunque una jueza de Florida, Lisa Walsh, ordenó al matrimonio pagar 2,488 millones 855 mil 216 dólares al gobierno mexicano, un tribunal en México otorgó amparo a Linda Cristina Pereyra, permitiéndole usar libremente el sistema financiero del país. Gómez advirtió que esta situación “será resuelta pronto”.
Trama internacional y complicidad institucional
Gómez detalló que los fondos fueron enviados a un banco en Barbados, conocido por su relación con el lavado de dinero, y que también participaron instituciones bancarias mexicanas.
Añadió que habrá una segunda sentencia en Estados Unidos, dirigida a las empresas involucradas en la triangulación de recursos hacia paraísos fiscales, y que no se descarta llegar a acuerdos con compañías desaparecidas o proceder con nuevos juicios.
Demandas y contratos bajo la lupa
La demanda civil presentada en 2021 en Florida incluyó a García Luna, su esposa, seis cómplices y 44 firmas internacionales, por contratos firmados entre 2009 y 2018 con instancias como la Policía Federal, el CISEN y el sistema penitenciario federal.
El entramado empresarial estuvo encabezado por el Grupo Weinberg, con Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto como principales operadores. A través de esta red, García Luna recibió contratos por más de 727 millones de dólares y 528 millones de pesos, de los cuales una gran parte fue efectivamente pagada.
Reconocimiento a Rosa Icela Rodríguez
Pablo Gómez y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, reconocieron el trabajo de Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación y exsecretaria de Seguridad, por su papel clave en la denuncia y en el desarrollo de las investigaciones contra García Luna.
Gómez subrayó que este caso solo ha podido esclarecerse tras el cambio de gobierno en 2018:
“La transición real no ocurrió entre partidos, sino hasta 2018. Antes, lo que hubo fue continuidad del mismo estado corrupto. De no ser por el nuevo gobierno, nada de esto habría salido a la luz”.
Procesos penales en curso
En México también se han iniciado procesos penales contra los implicados, con personas detenidas y órdenes de aprehensión vigentes. Gómez afirmó que la Fiscalía General de la República ha puesto todo su empeño en esclarecer el caso.
El gobierno federal ya ha recuperado alrededor de 2.5 millones de dólares en bienes del exfuncionario, y continúa el proceso de venta de otros activos relacionados.
