La sentencia absolutoria que otorgó la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala a Keren Selsy Ordoñez, tras más de nueve años de prisión injusta, “sienta un precedente” para revisar otros casos similares desde una perspectiva de género, afirmó su defensa legal.

Detenida, torturada y encarcelada por un secuestro que no cometió, Keren reiteró su exigencia de justicia y anunció que evalúa emprender acciones legales, pues, aunque no hay un acceso automático a la reparación del daño, su lucha continuará.

“Me decían que si yo no firmaba iban a matar a mi hija. Cuando me la enseñaban, le ponían la pistola en la cabeza.”

Durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por su familia y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), relató el dolor vivido y expresó su felicidad por volver a abrazar a sus seres queridos: “El reencuentro con ellos fue inexplicable, una felicidad inmensa.”

Después de casi 10 años encarcelada injustamente y sentenciada por secuestro agravado, Keren Ordóñez quedó libre con una sentencia absolutoria histórica en #Tlaxcala. pic.twitter.com/1qeaBNGWPN

— Nacho Lozano (@nacholozano) April 23, 2025

También compartió su deseo de estudiar Derecho, ya que hay más mujeres privadas de la libertad en condiciones similares: “Llevan 15 años sin una sentencia.”

Además, buscarán que su hija —que tenía un mes de nacida cuando Keren fue detenida— sea reconocida como víctima, ya que fue trasladada de manera indebida de Xalapa, Veracruz, a Tlaxcala y entregada al DIF estatal. Fue devuelta 12 días después a su familia en condiciones que pusieron en riesgo su vida.

Por su parte, Neftaly Pérez, abogado del Centro Prodh, recordó que en México no existe una figura jurídica para el “error judicial” e hizo un llamado a la Fiscalía de Justicia de Tlaxcala y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se investigue la tortura que sufrió, ya que se trata de un delito que no prescribe.

Actualmente hay dos investigaciones abiertas por las graves violaciones a los derechos humanos de Keren: una iniciada en 2017 por la Fiscalía estatal por tortura, y otra abierta en 2022 por la CNDH. En ambas no se han reportado avances sustanciales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por unanimidad una reforma en Zacatecas que protege a niñas, niños y adolescentes de posibles actos de violencia ejercidos mediante inteligencia artificial (IA), marcando un precedente importante en el ámbito jurídico y digital en México.

El fallo declara válida la modificación realizada en febrero de 2024 al artículo 9, fracción III, inciso c, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Zacatecas. Esta reforma introduce el reconocimiento legal del riesgo que representa el uso malintencionado de IA en perjuicio de las infancias.

#Escúchalo 🔊 La Corte reconoce la validez de una disposición de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, que protege en contra de la violencia generada por el uso de inteligencia artificial.

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— Suprema Corte (@SCJN) April 23, 2025

La ministra Margarita Ríos Farjat, quien presentó el proyecto, explicó que el uso de IA puede derivar en la creación y difusión de contenido de explotación infantil, como los deepfakes, o emplearse para manipular a menores de edad:

“La inteligencia artificial presenta riesgos específicos y potencialmente graves. Por un lado, puede ser utilizada para generar y difundir material de explotación sexual infantil altamente realista, como los llamados deepfakes, que pueden causar daño profundo y duradero en las víctimas. Y por otro, la inteligencia artificial puede ser empleada por delincuentes para manipular y engañar a niños, niñas y adolescentes, facilitando su victimización.”

El Poder Ejecutivo federal había impugnado la reforma argumentando que no define con claridad qué constituye violencia con IA, ya que no existe una definición jurídica global sobre este concepto. Sin embargo, la Corte concluyó que no se vulneran los principios de legalidad ni de seguridad jurídica, ya que el legislador no estaba obligado a detallar todos los términos empleados.

Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa resaltó que esta legislación busca adelantarse al daño:

“Es nuestra obligación proteger sus derechos y prevenir daños sicológicos, sociales y físicos ocasionados por el uso malintencionado de tecnología e incluso, como hace la norma que hoy se analiza, para favorecer la persecución penal de esas conductas y se enfatice en la reparación del daño en casos de explotación digital.”

Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahlf subrayó que esta medida responde al creciente uso de Internet entre las infancias mexicanas:

“En México, 50 por ciento de niñas y niños de entre seis y 11 años ya son usuarios de Internet, y en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, estas cifras son de 80 a 94 por ciento, lo que aumenta el grado y alcance de vulnerabilidad en las infancias.”

Con esta resolución, la SCJN abre la puerta a la creación de políticas públicas más actualizadas para la protección de los derechos de la infancia frente al avance tecnológico.

Mitofsky revela amplio desconocimiento sobre el proceso, pero destaca intención de voto en la ministra

En el marco de la histórica elección para renovar a los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), Yasmín Esquivel Mossa se posiciona como la candidata mujer con mayor respaldo ciudadano para ocupar una silla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con la más reciente encuesta “Elección del Poder Judicial en México”, elaborada por Mitofsky, Esquivel Mossa alcanza el 21.2% de las preferencias entre las personas que aseguran que acudirán a votar el próximo 1 de junio. Le siguen Lenia Batres Guadarrama con 19.8% y Marisela Morales Ibáñez con 19.0%.

Experiencia y compromiso con la transformación judicial

Con más de 25 años de trayectoria en la impartición de justicia, Yasmín Esquivel ha impulsado una campaña centrada en un modelo de justicia más transparente, cercano y eficiente, con una visión clara de transformación institucional. Su propuesta ha resonado especialmente entre sectores que demandan un sistema judicial con rostro humano y mayor sensibilidad social.

Desinformación y bajo interés ciudadano

Pese a la relevancia de este proceso electoral, la encuesta revela datos preocupantes sobre el desconocimiento generalizado:

• 86.4% de los encuestados no sabe cómo se elige a los miembros del PJF.
• 76.6% reconoce estar poco o nada informado del proceso.
• Solo 11.1% sabe cuántas boletas se utilizarán en la elección.
• Apenas el 38.9% muestra algún interés en conocer los detalles.

Estos datos muestran un gran desafío institucional: acercar el proceso al ciudadano común y fomentar una mayor participación informada.

¿Quiénes irán a votar?

La disposición a votar también varía según el grupo poblacional:

• Simpatizantes de la 4T: 36% se declara totalmente seguro de acudir.
• Adultos mayores de 50 años: 32.3% con intención firme.
• Mujeres: 30.9% con alta certeza de participación.
• Jóvenes de 18 a 29 años: sólo el 22.5% expresa seguridad.
• Opositores a la 4T: 25.6% con intención baja de asistir.

En cuanto a los candidatos hombres, Hugo Aguilar Ortiz lidera con 19.3%, seguido de César Mario Gutiérrez Priego (19.0%) y Carlos Enrique Odriozola Mariscal (18.2%).

Desconexión con el Poder Judicial

Otro hallazgo relevante del estudio es que el 82.5% de los ciudadanos nunca ha tenido contacto directo con el Poder Judicial, ni en su vida personal, laboral o económica. Este dato revela una barrera de legitimidad y cercanía institucional que será clave atender en la próxima administración.