Los familiares del agente de la DEA Enrique Camarena presentaron una demanda civil en una corte federal de San Diego, California, contra los narcotraficantes Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto” y Miguel Ángel Félix Gallardo. La acusación, basada en la Ley Antiterrorismo de 1992, señala a los tres capos por “actos de terrorismo” relacionados con el secuestro, tortura y asesinato de Camarena en 1985.
La demanda fue interpuesta por nueve familiares del agente, entre ellos su viuda y sus tres hijos. Si bien no se especificó el monto de la compensación exigida, se solicita el pago de daños compensatorios y punitivos, además de los llamados treble damages, una disposición que obliga a triplicar la indemnización que determine el jurado.

El documento sostiene que los acusados, como miembros de organizaciones criminales designadas como terroristas por el gobierno de Donald Trump, son responsables de la muerte de Camarena y de una serie de delitos, incluyendo terrorismo internacional, conspiración y operación de una empresa criminal continua con fines terroristas.
La mayor parte de la demanda describe la trayectoria de Camarena, desde su servicio en el Cuerpo de Marines y la policía local en Calexico, California, hasta su ingreso en la DEA y su asignación a Guadalajara. También narra el operativo antidrogas de 1984 en Chihuahua que llevó al decomiso de una plantación masiva de marihuana, lo que habría motivado a Caro Quintero a ordenar el secuestro de Camarena y de su piloto, Alfredo Zavala, en febrero de 1985.

Además, se menciona el impacto en la esposa de Camarena, Mika, quien lo esperaba en un restaurante el día de su desaparición y posteriormente tuvo que vivir bajo vigilancia del gobierno junto con sus hijos antes de regresar a San Diego.
Actualmente, Caro Quintero (72 años) está detenido en Nueva York tras ser extraditado desde México el pasado 27 de febrero. Fonseca Carrillo (94 años) cumple condena en arresto domiciliario en México desde 2016, mientras que Félix Gallardo (79 años) permanece en prisión en Jalisco y ha negado su participación en el crimen.

Dada la edad y situación legal de los acusados, es poco probable que respondan a la demanda, lo que podría derivar en una sentencia simbólica más que en una compensación efectiva para los familiares de Camarena.