Al grito de “¡Queremos entrar, queremos entrar!”, integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco y Nayarit rompieron el cerco de un pequeño grupo de policías que intentaba impedir momentáneamente su ingreso al rancho Izaguirre. Este sitio es señalado como un centro de adiestramiento y exterminio utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Poco después de la una de la tarde, el primer grupo de familiares de desaparecidos llegó al lugar, trasladado desde Guadalajara por autoridades estatales. Ante las restricciones para ingresar al área donde se realizan investigaciones forenses, los buscadores decidieron avanzar por el camino de terracería que conduce al rancho.
No podía saberse: el gobierno aplanó las fosas comunes y los hornos crematorios en el campo de exterminio de Jalisco. pic.twitter.com/0LwpUVRwVd
— Rubén Cortés (@Ruben_Cortes) March 20, 2025
Un pequeño contingente de policías y elementos de la Guardia Nacional intentó bloquear su paso, pero no logró detenerlos. El gobierno estatal pretendía permitir el ingreso en grupos de diez personas, pero los familiares optaron por entrar en conjunto.
Tras caminar unos 20 minutos, los primeros integrantes de los colectivos lograron acceder al inmueble, donde, según indagatorias y testimonios de sobrevivientes, el CJNG reclutaba y entrenaba a jóvenes, asesinando a quienes se negaban a unirse a la organización.

El rancho Izaguirre fue asegurado en septiembre de 2024, tras un operativo en el que la Guardia Nacional detuvo a 10 presuntos integrantes del cártel. Se trata de un terreno de unos 50 metros de ancho por más de 200 metros de largo, rodeado por una barda y con varias construcciones: una edificación de dos pisos utilizada para vigilancia y como gimnasio, una bodega techada, un espacio bardeado sin techo, tres sanitarios y una casa rústica.

Actualmente, en el rancho hay siete puntos bajo investigación. Sin embargo, los peritajes comenzaron hace solo 15 días, y ayer el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, denunció que la Fiscalía General de Justicia de Jalisco (FGJEJ) incurrió en anomalías al retrasar durante seis meses la investigación de las evidencias en el sitio.
Los buscadores recorren ahora las áreas accesibles del rancho sin interferir con las zonas en análisis pericial.
