Los abogados de Emilio Lozoya Austin negaron que el director de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto se encuentre bajo arraigo, como lo manifestó la periodista Lourdes Mendoza el fin de semana.

La columnista cuestionó que Lozoya Austin estuviera en un lujoso restaurante de la Ciudad de México, cuando –acusó– no asistió a una audiencia en el proceso, por “daño moral” que ella sostiene en su contra, con el argumento del arraigo.

“Ojo, el 10 Septiembre debió comparecer por la demanda por daño moral que le interpuse y no lo hizo argumentando ‘arraigo domiciliario’”, escribió en su cuenta de Twitter el domingo pasado.

Al respecto, los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso afirmaron que “ni el señor Lozoya Austin, ni sus abogados o apoderados, han afirmado –en momento alguno–, que el señor Lozoya Austin se encuentre sujeto a la medida cautelar de arraigo domiciliario”.

En contraste, Lourdes Mendoza mostró un documento de la audiencia de desahogo, donde se señala que Lozoya estaba en “arraigo domiciliario”. “Se procede al desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte actora, a cargo de la parte demandada EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, como se encuentra ordenado en proveido de fecha veinticuatro de agosto foja (277) y auto aclaratorio de fecha veintisiete de agosto de foja (280) ambos del año dos mil veintiuno, y vistas las constancias se actuaciones, de la que se advierte que el demandado se encuentra arraigado en su domicilio, con motivo de una orden y/o investigación de carácter judicial”, dice el oficio.

Por su parte la defensa insistió en que fue la periodista quien afirmó ante el Juzgado que el exdirector de Pemex estaba en arraigo en oficios del 14 y 30 de octubre de 2020.

“Quienes representamos al señor Lozoya Austin manifestamos nuestro absoluto respeto a la libertad de expresión, en su calidad de pilar del Estado Constitucional de Derecho. Así mismo, reiteramos nuestra confianza en el sistema de justicia penal de México que, de la mano del criterio de oportunidad, permite la colaboración con las instituciones del Estado de cara a evidenciar la existencia de un aparato organizado de poder que (…) instrumentó y ejecutó un sistema corruptor a escala nacional”, expresan los abogados en un comunicado en su cuenta de Twitter.

Lozoya fue vinculado a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho por el caso Odebrecht, y buscó apegarse al criterio de oportunidad, por lo que presentó una denuncia de hechos en la que involucró a exlegisladores y exsecretarios, de los cuales solo el senador Jorge Luis Lavalle enfrenta proceso.

Su defensa ha conseguido aplazamientos de las audiencias para el cierre de la investigación complementaria por los procesos que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva en su contra, por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, y gracias al criterio de oportunidad, Lozoya puede permanecer en libertad mientras se encuentre bajo proceso utilizando un brazalete de localización satelital, pero no puede abandonar la zona del Valle de México.