Al menos, seis candidatos electorales de los estados de Nuevo León, Oaxaca y Veracruz son investigados por las autoridades locales por delitos que van desde el robo y la tenencia de armas de uso exclusivo del Ejército hasta el secuestro o el homicidio.
Además, en algunos de los casos es necesario sumar cargos por ultraje a la autoridad y cohecho, cometidos presuntamente cuando las autoridades ejecutaron las órdenes de detención contra los políticos.
Veracruz lidera este registro con cuatro detenciones de candidatos. En ese estado, Jaime Rosales Vázquez, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía del municipio de Atlahuilco, fue detenido el 14 de mayo en posesión de armas de fuego.
Rosales Vázquez cuenta con antecedentes por fraude, abuso de confianza o lesiones, entre otros.
Nicolás Ruiz Roset, candidato del l Partido de Acción Nacional (PAN) para alcalde de Minatitlán, fue detenido el 23 de abril por la presunta privación de la libertad de una mujer, a la que también tendría amenazada.
Asimismo, Gregorío Gómez Martínez, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Tihuatlán, fue aprehendido por tenencia de armas de uso exclusivo del Ejército, ultraje a la autoridad “narcomenudeo” y posesión de un vehículo robado.
Un juzgado dictó un año de prisión preventiva en contra de Gómez. También del PRD en Veracruz, esta vez como candidato a una diputación federal plurinominal, Rogelio Franco Castán fue detenido el 13 de marzo por violencia familiar. Se le ha sumado el cargo de ultraje a la autoridad por agredir a uno de los policías que ejecutaron su orden de aprehensión. Permanecerá recluido en prisión por ocho meses, hasta que se resuelva su situación legal.
En Nuevo León, el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, fue detenido el 6 de abril en posesión de drogas, armas largas, joyas y dinero en efectivo. Las autoridades le han sumado cohecho por ofrecer dinero a la Fiscalía para ser liberado.
Por último, en Oaxaca, la alcaldesa de Nochixtlán, Lizbeth Huerta, que buscaba la reelección con Morena, fue detenida el 7 de mayo por su presunta participación en la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu, que fue privada de su libertad tras participar en una protesta por un presunto desvío de recursos públicos por parte de la edil.
Todos ellos han sido retirados de la carrera electoral para los comicios federales de junio, según informó El Sol de México.
El 6 de junio están en juego más de 21 mil cargos de elección popular, entre ellos 500 diputados federales; 15 cargos de gobernador; mil 63 cargos en congresos locales; 17 mil en ayuntamientos y más de mil 900 presidencias municipales.