El pleno del Senado de la República avaló por mayoría cinco ordenamientos legales y un acuerdo de medio ambiente en el marco del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entrará en vigor este miércoles. En sesión extraordinaria, los senadores enviaron a la Cámara de Diputados las minutas para expedir las leyes Federal de Protección a la Propiedad Industrial y de Infraestructura de la Calidad, así como reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Derecho de Autor.

Para su entrada en vigor se envió al Ejecutivo la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y reformas a la Ley Aduanera, así como el Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental entre los tres países, que se ratificó. Los principales cambios de estas legislaciones consisten en armonizar el marco legal mexicano en materia de derechos a creaciones artísticas e invenciones médicas, así como las penas por violentar estos derechos, establecidos en el T-MEC. De la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial sobresale la salvaguarda y regulación de secretos industriales, sancionar los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan la competencia desleal.

También fortalece al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y ahora el organismo podrá condenar y cuantificar el monto de la indemnización respectiva, en cuanto a la suspensión de libre circulación de mercancías.

En la discusión en lo particular de esa ley se aceptaron algunas reservas técnicas, como la propuesta por el senador Miguel Ángel Mancera (PRD) para evitar que la reincidencia de faltas administrativas en materia de propiedad industrial sea considerada un delito. Esa legislación tuvo problemas en comisiones, pues la integración de la cláusula Bolar, dispuesta en el tratado, generó confusión entre los senadores, quienes retiraron de la redacción los plazos para que los laboratorios de genéricos inicien un análisis de medicamentos de patente.

El proyecto establecía que los laboratorios de genéricos podían iniciar análisis de medicamentos con tres años de anticipación al término de la patente, que dura 20 años improrrogables, y de ocho años en el caso de vacunas, pero lo dejaron en un periodo indefinido.