La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), determinó que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante las operaciones militares de 2017, en las que miles de personas fueron asesinadas y se perpetraron actos generalizados de violencia sexual.
La resolución, emitida este jueves, representa un acontecimiento histórico en el derecho internacional, pues es la primera ocasión en que la CIJ declara directamente responsable de genocidio a un Estado.
El proceso comenzó siete años atrás, cuando Gambia, país de mayoría musulmana, presentó una demanda contra Myanmar por las atrocidades cometidas por sus fuerzas de seguridad.
Al dar lectura a la sentencia, el presidente del tribunal, el juez Yuji Iwasawa, describió algunos de los crímenes documentados durante las operaciones militares.
"La Corte considera que las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a miles de civiles rohinyás, perpetraron actos generalizados de violencia sexual, así como actos de violencia extrema contra niños, y atacaron a rohinyás que huían cuando intentaban escapar".
“Una mancha en la conciencia de la humanidad” Así describió Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el sufrimiento de la minoría musulmana rohinyá, luego de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declarara a Myanmar responsable de genocidio. El tribunal determinó que los asesinatos, las violaciones generalizadas, las ejecuciones masivas y la destrucción de cientos de aldeas perpetrados por las fuerzas de seguridad de Myanmar en 2017 constituyeron actos de genocidio. Los detalles en https://t.co/bc04UyuhHn
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) November 19, 2026
Finalmente, la CIJ concluyó que la República de la Unión de Myanmar cometió genocidio contra la población rohinyá del norte del estado de Rakáin.
¿Qué crímenes cometió Myanmar contra los rohinyás?
De acuerdo con los jueces, durante las denominadas “operaciones de limpieza”, el ejército de Myanmar ejecutó masivamente a hombres y niños, cometió violaciones y agresiones sexuales contra mujeres y destruyó cientos de aldeas.
El tribunal también señaló que las fuerzas militares difundieron discursos de odio dirigidos específicamente contra la población rohinyá.
La misión de investigación de la ONU documentó al menos 10 mil muertes durante estas operaciones, cifra que fue respaldada por las pruebas presentadas ante la Corte.
Un tribunal integrado por 15 jueces determinó que las acciones de Myanmar únicamente podían explicarse por la intención de destruir una parte sustancial del grupo protegido, en este caso, los rohinyás del norte del estado de Rakáin.
Este elemento fue determinante para acreditar el genocidio, ya que el derecho internacional exige demostrar la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Como consecuencia de la ofensiva militar, al menos 700 mil rohinyás musulmanes fueron expulsados de Myanmar, un país de mayoría budista.
Rohinyás celebran sentencia histórica contra Myanmar
Para los aproximadamente 1.2 millones de rohinyás que viven en el exilio, principalmente en el extenso asentamiento de refugiados de Cox’s Bazar, en Bangladesh, la resolución representa un momento de reconocimiento y reivindicación.
Así lo expresó Wai Wai Nu, directora ejecutiva de la Red de Mujeres por la Paz y antigua presa política, quien destacó la importancia del fallo después de décadas de persecución y negación de los hechos.
"Durante décadas, el ejército birmano intentó borrar nuestra identidad, negar nuestra existencia y restar importancia a nuestro sufrimiento".
La activista agregó que la determinación del máximo tribunal de la ONU representa un golpe a la narrativa del Estado de Myanmar y un reconocimiento de los crímenes cometidos contra su comunidad.
Por su parte, el gobierno de Myanmar ha rechazado las acusaciones de genocidio y sostiene que sus fuerzas de seguridad actuaron para enfrentar una insurgencia violenta. Hasta el momento de la publicación de la información, las autoridades no habían respondido a una solicitud de comentarios sobre la sentencia.
¿Qué consecuencias tendrá el fallo de la Corte Internacional de Justicia?
Además de declarar responsable a Myanmar, la CIJ estableció que el Estado tiene la obligación de indemnizar a la población rohinyá por las violaciones cometidas. El monto de la compensación será determinado posteriormente.
La sentencia también contempla medidas para los desplazados, entre ellas garantizar su retorno seguro y digno a sus lugares de residencia, así como facilitar la reunificación de las familias.
La resolución es definitiva y no admite recursos de apelación.
Sin embargo, aunque las decisiones de la CIJ son vinculantes, el tribunal cuenta con mecanismos limitados para garantizar que los Estados cumplan sus resoluciones.
Un precedente para otros casos de genocidio
La decisión sobre Myanmar podría tener repercusiones en otros procesos internacionales relacionados con acusaciones de genocidio, particularmente en el caso que Sudáfrica presentó en 2023 contra Israel por sus acciones en la Franja de Gaza.
Tanto Israel como Myanmar han rechazado las acusaciones y sostienen que sus fuerzas respondieron legítimamente a los ataques de grupos armados.
La resolución también será objeto de análisis entre especialistas en derecho internacional, pues representa la primera decisión importante de la CIJ en más de una década sobre la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
Hasta ahora, los tribunales internacionales habían reconocido jurídicamente el genocidio en tres grandes episodios históricos:
- Ruanda (1994): el genocidio contra la población tutsi.
- Srebrenica, Bosnia (1995): las matanzas durante la guerra de Bosnia.
- Camboya (finales de la década de 1970): las atrocidades cometidas por el régimen de los Jemeres Rojos.
Cabe recordar que la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional son organismos diferentes. La primera resuelve controversias entre Estados y determina posibles violaciones de tratados internacionales, mientras que la segunda juzga a personas por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, y puede imponer penas de prisión.
Con esta sentencia, Myanmar queda señalado como responsable de genocidio ante el máximo órgano judicial de la ONU, en un fallo que también podría influir en la manera en que se examinan futuras acusaciones de este tipo.






