El Tribunal Superior Agrario (TSA) resolvió restituir 2 mil 622 hectáreas a la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata (Tateikie), ubicada en el municipio de Mezquitic, Jalisco. Los terrenos deberán ser entregados por la comunidad cora de San Juan Peyotán (Chu’aata), asentada en Nayarit.
La resolución pone fin, al menos en el ámbito procesal, a un conflicto territorial que se prolongó durante casi 30 años en los tribunales y que enfrentó a ambas comunidades indígenas, ubicadas en los límites entre Jalisco y Nayarit.
La superficie restituida equivale a 3.3 veces el tamaño del Bosque de Chapultepec. Con esta determinación, el tribunal también ordenó delimitar los terrenos conforme a la resolución presidencial de 1965, con lo que busca resolver las diferencias sobre los límites territoriales entre ambas poblaciones.
Tribunal declara nulos trabajos de delimitación de 1986
Además de ordenar la restitución de las 2 mil 622 hectáreas, el TSA declaró la nulidad de los trabajos de ejecución realizados el 24 de mayo de 1986, así como del acta de posesión y deslinde de esa misma fecha.
La resolución también establece que deberá modificarse el plano definitivo de San Juan Peyotán, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para excluir la superficie restituida a Tateikie. El documento deberá elaborarse con base en el acta de deslinde del 3 de junio de 1964.
Disputa agraria se prolongó durante casi tres décadas
El conflicto entre Tateikie y Chu’aata, esta última ubicada en el municipio de Jesús María, en El Nayar, Nayarit, comenzó a litigarse formalmente el 25 de noviembre de 1997, cuando se presentó la demanda inicial.
Sin embargo, el origen de la disputa territorial se remonta a resoluciones presidenciales emitidas a mediados del siglo pasado: la correspondiente a San Juan Peyotán, del 6 de febrero de 1963, y la de San Andrés Cohamiata, del 14 de septiembre de 1965.
Desde entonces, el expediente pasó por distintas instancias y resoluciones judiciales:
- 29 de marzo de 1999: El Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 13 emitió una primera sentencia definitiva, en la que declaró la nulidad parcial de los trabajos de ejecución realizados en mayo de 1986 por San Juan Peyotán.
- 27 de agosto de 1999: El Tribunal Superior Agrario, mediante el recurso de revisión 186/99-13, ordenó reponer el procedimiento.
- 23 de agosto de 2004: El TUA del distrito 13 emitió una segunda sentencia y declaró nulos los trabajos de 1986 respecto de una superficie de 2 mil 271 hectáreas.
- 8 de marzo de 2005: El TSA revocó esa resolución mediante el recurso de revisión 23/2005-13, por lo que el expediente permaneció sin nuevos avances durante varios años.
- 28 de febrero de 2018: El TUA del distrito 16 emitió una tercera sentencia, en la que absolvió a San Juan Peyotán y declaró firme su plano definitivo.
- 25 de octubre de 2018: El TSA confirmó la sentencia absolutoria mediante el recurso de revisión 339/2018-16.
El caso tuvo un nuevo giro el 6 de agosto de 2026, cuando el 23 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el juicio de amparo directo 530/2024 y concedió la protección constitucional a favor de Cohamiata.
Posteriormente, el 7 de octubre, el pleno del Tribunal Superior Agrario emitió una nueva resolución, proyectada por el magistrado Guadalupe Espinoza Sauceda, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El fallo definitivo obligó al tribunal a revisar el caso con estricto apego a los principios de congruencia y exhaustividad.
Alteraciones en los límites territoriales y antigüedad de la posesión
Entre las irregularidades identificadas durante el proceso se encontró la reejecución de linderos sin respetar el plano original de 1963. Esto habría provocado modificaciones en la topografía y en los límites del polígono en disputa, particularmente en el tramo comprendido entre las mojoneras El Algodonal y Cerro de la Lechuguilla.
Otro elemento determinante fue el análisis histórico de la posesión de los terrenos. De acuerdo con este estudio, la ocupación territorial de Cohamiata se remonta a 1809, mientras que la de San Juan Peyotán tiene su origen en 1960.
Ante la sobreposición de los planos definitivos, el tribunal determinó que debía prevalecer el derecho de la comunidad con posesión más antigua.
La restitución representa también un respiro para los habitantes de Tateikie, quienes recuperan y amplían su territorio en una región marcada por la violencia criminal.
En la zona se han registrado retenes ilegales, amenazas, robos, secuestros y agresiones, en medio de una disputa permanente entre grupos delictivos por el control de la ruta amapolera y de trasiego de drogas.
