El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) para impugnar su política de ofrecer matrículas universitarias a precio de residente a estudiantes que viven en el país sin autorización migratoria.
La acción forma parte de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump y se suma a una serie de impugnaciones contra instituciones educativas que mantienen este tipo de beneficios.
Varios estados han eliminado la medida
Más de una veintena de estados llegaron a ofrecer tarifas preferenciales a estos estudiantes, una política que con frecuencia contaba con el respaldo de integrantes de ambos partidos.
Sin embargo, después de que el gobierno de Trump comenzó a presentar demandas el año pasado, entidades como Kentucky, Illinois, Nebraska, Oklahoma, Texas, Kansas y Florida eliminaron el beneficio.
Las impugnaciones más recientes se han dirigido contra universidades específicas. El mes pasado, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra la Universidad de Delaware.
Penn State, que cuenta con 86 mil estudiantes, confirmó que está al tanto de la acción legal y que se encuentra revisando su contenido.
Gobierno sostiene que existe un trato preferencial
El argumento del Departamento de Justicia es que la legislación federal impide a los estados otorgar beneficios educativos a migrantes que permanecen en Estados Unidos sin autorización legal, incluso cuando cumplen los requisitos de residencia establecidos por cada entidad.
“El Departamento de Justicia continúa este día con sus esfuerzos para garantizar que ninguna ley estatal ni política universitaria otorgue un trato preferencial a extranjeros ilegales por encima de los propios ciudadanos de nuestra nación”, declaró Stanley Woodward, alto funcionario de la dependencia.
En contraste, los defensores de estas políticas sostienen que no existe una violación de la ley federal cuando las universidades ofrecen las mismas tarifas a ciudadanos estadounidenses que se encuentran en circunstancias equivalentes: ser residentes del estado y haberse graduado de una escuela secundaria local.
Argumentan que muchos de estos estudiantes llegaron al país cuando eran niños, acompañados por sus padres, y que forman parte de las comunidades en las que crecieron tanto como los ciudadanos estadounidenses.
La demanda contra Penn State también se presenta en un momento de incertidumbre sobre el rumbo de las políticas educativas y migratorias, luego del revés electoral que sufrió el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato del martes.
