El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado sus acciones contra los sistemas electorales estatales a pocos días de las elecciones intermedias del 3 de noviembre. En medio de sondeos que anticipan posibles derrotas republicanas, su gobierno ha presentado demandas contra 30 estados para exigir sus padrones de votantes, mientras el mandatario amenaza con encarcelar a funcionarios de California y advierte que podría impedir la certificación de resultados en Alaska y Minnesota.

Al ser cuestionado sobre si respetará los resultados de los comicios, Trump respondió:

“Lo haré si son honestas”.

La declaración genera preocupación debido a que el republicano continúa afirmando que le robaron la victoria en las elecciones presidenciales de 2020, pese a que sus impugnaciones fueron rechazadas por tribunales. Una encuesta de ABC News y The Washington Post, realizada a principios de octubre, encontró que siete de cada 10 estadounidenses no confían en que Trump acepte los resultados si su partido pierde.

Rechazan la mayoría de las demandas del gobierno federal

Las acciones judiciales impulsadas por Trump no han prosperado en la mayoría de los casos. De las 30 demandas presentadas, 27 han sido desestimadas por jueces, mientras que dos magistrados de California expresaron escepticismo ante las amenazas de encarcelar a funcionarios locales que no entreguen boletas de determinados distritos al gobierno federal.

Por su parte, Alaska y Minnesota acudieron a los tribunales para frenar los intentos de la Casa Blanca de anular votos emitidos en sus territorios.

En Estados Unidos, las elecciones federales, tanto legislativas como presidenciales, son administradas por los gobiernos estatales, que cuentan con sus propias reglas y sistemas de organización.

La Constitución establece que los comicios son organizados, conducidos y certificados por funcionarios de cada estado. Sin embargo, autoridades electorales estatales han denunciado presiones e intentos de interferencia por parte del gobierno republicano.

La semana pasada, un juez federal en California determinó que las acciones de Trump y su administración generaban un temor razonable a encuentros intimidatorios con fuerzas de seguridad pública, capaces de disuadir a las ciudades de ayudar a otras personas a ejercer su derecho al voto.

Advierten sobre el posible uso de agentes migratorios

En una entrevista con la revista Time el mes pasado, Trump se negó a descartar el envío de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a determinados centros de votación.

Organizaciones defensoras de los derechos electorales advierten que la presencia de estos agentes podría generar miedo entre las comunidades vulnerables y desalentar su participación.

Kica Matos, presidenta del National Immigration Law Center, señaló al boletín Politico que el objetivo podría ser intimidar a determinados grupos de votantes.

“El resultado final, creemos, es intimidar a ciertas poblaciones para que no voten, incluidos ciudadanos naturalizados y comunidades de color”.

Matos también advirtió que estas acciones podrían preparar el terreno para que las personas duden antes de acudir a las urnas.

La preocupación se extiende al posible despliegue de la Guardia Nacional, la confiscación de urnas o el uso de la Ley de Insurrección para enviar tropas. Aunque Trump no ha descartado estas posibilidades, funcionarios electorales y exfuncionarios federales se preparan para identificar y denunciar cualquier intervención ilegal.

Alertan sobre restricciones al voto y cambios electorales

Las denuncias sobre obstáculos para votar no son nuevas. El Southwest Voter Registration Education Project (SVREP) ha presentado demandas contra los gobiernos de Texas y Arizona por la eliminación de casi 100 mil personas de sus padrones electorales durante la última década, en su mayoría latinos.

Lydia Camarillo, presidenta de la organización, afirmó ante una audiencia en el Congreso estadounidense que las restricciones se han extendido en distintos estados.

“En 2023, más de 19 entidades promulgaron 34 leyes para limitar el acceso al sufragio”.

Camarillo también señaló que la mayoría republicana del Congreso de Texas modificó cinco distritos electorales para aumentar la representación republicana en la Cámara de Representantes federal. Sin embargo, sostuvo que las encuestas y el voto adelantado apuntan a que la estrategia podría no dar los resultados esperados, ante el descontento de los votantes con Trump.

Por otro lado, en Utah, una funcionaria republicana responsable de administrar las elecciones ha tenido que viajar con un equipo de seguridad tras recibir amenazas de violencia sexual y de muerte, de acuerdo con un reporte de The New Yorker.

Shenna Bellows, secretaria de Estado de Maine, explicó a The New York Times que las autoridades han tenido que contemplar escenarios de posible interferencia federal para proteger el derecho al voto.

“Esta es la primera vez que hemos tenido que elaborar escenarios para salvaguardar el derecho al voto contra la potencial interferencia federal en las elecciones”.

Bellows añadió que la situación ha generado la percepción de que el gobierno federal actúa como adversario de los estados.

Crecen las campañas que cuestionan la integridad electoral

Los aliados de Trump también han intensificado la difusión de mensajes que ponen en duda la confiabilidad del sistema electoral. De acuerdo con The Washington Post, cerca de 600 cuentas de redes sociales de derecha, pódcast y otros medios digitales publicaron más de 7 mil declaraciones cuestionando la integridad de las elecciones durante lo que va del año.

El mismo reporte señala que el voto de personas que no son ciudadanas estadounidenses es poco frecuente, al igual que el fraude relacionado con las boletas enviadas por correo, por lo que no se han presentado pruebas que respalden las acusaciones difundidas por el Ejecutivo.

Pese a ello, el Departamento de Justicia informó que prepara su mayor operativo de vigilancia electoral hasta la fecha, con alrededor de mil empleados dedicados a observar los comicios y verificar el cumplimiento de las leyes federales.

Organizaciones preparan observadores para las urnas

Ante el temor de posibles interferencias, funcionarios estatales y una red de exfuncionarios federales, incluidos antiguos integrantes del Pentágono, están capacitando a trabajadores electorales y preparando equipos legales para responder a acciones que consideren ilegales.

La NAACP, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Ohio y Common Cause también organizan a decenas de miles de personas para vigilar los centros de votación y reportar intentos de intimidación o interferencia en el proceso electoral.

Además, una coalición religiosa informó que ha reclutado a más de mil 235 capellanes para apoyar la convivencia pacífica durante la jornada electoral.

En un memorándum dirigido a funcionarios locales, la Asociación de Alcaldes Demócratas recordó que la legislación federal prohíbe la presencia de agentes migratorios, del FBI y de personal de otras agencias federales de seguridad pública en los centros de votación.

Mary Corcoran, directora ejecutiva de Save America, una organización integrada por exrepublicanos críticos de Trump, advirtió que el temor puede convertirse en un mecanismo para reducir la participación electoral.

“El temor es el punto y tenemos que hacer algo al respecto”.

Corcoran añadió que, si no se responde a estas acciones, el miedo podría mantener a los votantes en sus casas sin que sea necesario desplegar agentes federales frente a las casillas.

Las elecciones intermedias del 3 de noviembre se desarrollarán así en medio de una disputa sobre las facultades de los estados, la intervención del gobierno federal y la confianza pública en los resultados electorales.