A 12 años del derrame tóxico que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi, los Comités de Cuenca solicitaron al Gobierno federal mayor transparencia y garantías para asegurar que el nuevo programa de remediación ambiental produzca resultados duraderos para las comunidades afectadas.

Aunque reconocieron la importancia de avanzar en el saneamiento de la zona, los representantes comunitarios expresaron dudas sobre el presupuesto disponible, el alcance de los trabajos y las medidas que se tomarán si la contaminación persiste.

Sus preocupaciones surgieron tras la presentación del Programa Integral de Remediación Ambiental, realizada el 14 de octubre en Ures, Sonora. El proyecto contempla iniciar acciones que deberán traducirse en resultados hacia finales de 2026.

¿Qué contempla el plan para sanear el Río Sonora?

La Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) presentó un programa que incluye la intervención de 288 kilómetros de la cuenca, la excavación de aproximadamente 100 mil toneladas de suelo contaminado y el traslado de los residuos que no puedan tratarse a centros de confinamiento autorizados en Coahuila y Nuevo León.

Sin embargo, los Comités de Cuenca advirtieron que todavía existen interrogantes sobre la capacidad del proyecto para resolver de manera efectiva el problema ambiental.

Uno de los principales puntos de preocupación es que los recursos deben ejercerse durante este año, sin que exista certeza de que el presupuesto se ampliará si las labores resultan insuficientes.

“No existen garantías de que para la fecha propuesta (finales de 2026) se solucione el tema de contaminación, ni tampoco que las comunidades dejen de recibir agua contaminada en sus tomas domiciliarias”, señalaron.

Piden aclarar las acciones en la presa Abelardo L. Rodríguez

Los representantes comunitarios también solicitaron revisar las medidas previstas para la presa Abelardo L. Rodríguez, debido a que, según indicaron, en reuniones anteriores se había planteado extender la remediación hasta esa zona.

No obstante, el programa presentado contempla únicamente labores de monitoreo en ese punto.

Los Comités consideraron necesario aclarar esta diferencia debido a la importancia de la presa para el abastecimiento de agua de Hermosillo.

Exigen transparencia sobre plantas potabilizadoras y empresas

Otro de los planteamientos es mejorar la coordinación entre las dependencias federales responsables de las áreas de medio ambiente, salud y agua, para que las acciones no se desarrollen de manera aislada.

En particular, solicitaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentar calendarios, presupuestos y documentación técnica sobre las plantas potabilizadoras comprometidas desde hace 12 años. También pidieron que se hagan públicos los anexos del programa de remediación.

Además, expresaron inquietudes sobre los antecedentes y las denuncias que, afirmaron, existen contra las empresas Veolia, Semnsa y Tecnología Ambiental Especializada, encargadas de ejecutar los trabajos.

Para las comunidades, conocer la actuación de estas compañías y los mecanismos de supervisión institucional es fundamental para dar seguimiento al proyecto y evaluar sus resultados.

Comunidades niegan haber expresado confianza en el programa

Los Comités de Cuenca aclararon que, contrario a lo publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 15 de octubre, durante la reunión no manifestaron confianza en el programa, sino que expusieron dudas sobre sus alcances y las garantías para la población afectada.

Señalaron que su intención es que estos cuestionamientos sean atendidos durante la implementación de las medidas de saneamiento.

El derrame ocurrió el 6 de agosto de 2014 y afectó los ríos Bacanuchi y Sonora. A más de una década del desastre, los representantes insistieron en que el nuevo esfuerzo federal debe contar con seguimiento, coordinación entre instituciones y resultados verificables.

“El Río Sonora tiene memoria”.

Con esta consigna, los Comités reiteraron que la remediación debe reflejarse en agua segura para las familias, recuperación ambiental y mejores condiciones de vida para las comunidades de la cuenca.