El proyecto de gas natural licuado Amigo GNL, previsto para Guaymas, Sonora, enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en su evaluación ambiental, falta de información sobre sus impactos y deficiencias en la consulta pública, señaló la organización ambiental Nuestro Futuro.
La agrupación, que promovió juicios de amparo contra el megaproyecto, advirtió que una suspensión definitiva vigente impide el inicio de las obras y cualquier avance material de la planta mientras se resuelve el procedimiento judicial.
Nuestro Futuro cuestiona la finalidad del proyecto
Para la organización, Amigo GNL no representa una inversión estratégica para la soberanía energética de México, pues su objetivo es recibir gas natural proveniente de Estados Unidos, licuarlo en territorio nacional y posteriormente exportarlo.
“No representa una inversión estratégica para la soberanía nacional”.
Nuestro Futuro subrayó que las recientes declaraciones del Ejecutivo federal en respaldo al proyecto no resuelven los cuestionamientos sobre su legalidad ni los posibles riesgos para el Golfo de California, considerado uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del planeta.
Entre las principales afectaciones que podría generar la operación de la planta, la organización destacó:
- Mayor tránsito de buques metaneros, con riesgos de colisión con ballenas y otros cetáceos.
- Incremento del ruido submarino, que puede perjudicar a la fauna marina.
- Introducción de especies invasoras mediante el agua de lastre de las embarcaciones.
- Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con las actividades del proyecto.
La agrupación también advirtió sobre el tamaño de los buques involucrados, que pueden alcanzar hasta 300 metros de longitud, frente a los aproximadamente 30 metros que mide la ballena más grande. Esta diferencia, señaló, dificulta que las embarcaciones detecten una colisión con estos animales.
Señalan omisiones en la evaluación ambiental
Nuestro Futuro recordó que las preocupaciones comenzaron desde la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en noviembre de 2025, y continuaron durante la consulta pública realizada en febrero y marzo de 2026.
En esos procesos, organizaciones, comunidades y activistas señalaron que la información disponible era incompleta, que faltaban anexos y que existían omisiones relevantes para evaluar de manera integral los riesgos ambientales del megaproyecto.
Ante estas observaciones, la organización presentó un juicio de amparo en marzo de 2026.
Posteriormente, el 20 de mayo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó, mediante un documento presentado dentro del juicio y bajo protesta de decir verdad, que Amigo GNL no contaba con autorización ambiental y que su evaluación seguía en proceso.
A partir de ese informe, un juez concedió una primera suspensión definitiva, cuyos efectos impedían a la autoridad emitir la autorización ambiental mientras no se resolviera el fondo del juicio.
Contradicciones sobre la autorización de ASEA
Meses después, Nuestro Futuro identificó información del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) en la que la empresa argumentaba contar con una autorización emitida por la ASEA desde el 13 de abril de 2026.
La organización consideró que esta información contradecía lo señalado previamente por la autoridad mexicana. Por ello, amplió su demanda para incorporar las presuntas irregularidades relacionadas con la autorización.
Como resultado, el 21 de septiembre un juzgado federal concedió una nueva suspensión definitiva, que impide el inicio de las obras y cualquier avance material del proyecto mientras continúa el procedimiento judicial.
La planta no puede iniciar obras mientras siga el juicio
Nuestro Futuro precisó que la suspensión definitiva vigente establece que, incluso si Amigo GNL cuenta con una autorización ambiental, no puede comenzar la construcción mientras se resuelve el juicio.
La medida cautelar no constituye todavía una sentencia definitiva sobre la legalidad del proyecto, pero es de cumplimiento obligatorio para las autoridades y la empresa.
Ante este escenario, la organización sostuvo que, antes de impulsar la construcción de la planta, las autoridades deben esclarecer las contradicciones relacionadas con la autorización ambiental, garantizar el cumplimiento de las suspensiones judiciales y responder a las observaciones ciudadanas y científicas que han puesto en duda la viabilidad del megaproyecto.