El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, evitó responder a los señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre una presunta coordinación directa entre grupos violentos de manifestantes y autoridades policiales. En cambio, centró su mensaje en acusar a los participantes violentos de no ser originarios del estado y de buscar desestabilizar a la entidad.
En un video publicado en redes sociales, el mandatario, emanado de Movimiento Ciudadano (MC), llamó a la población a cerrar filas frente a lo que describió como intentos de generar caos y confrontación en Jalisco.
“No podemos permitir que a través de la violencia, el caos y la desestabilización, intereses políticos busquen apoderarse de Jalisco. En Jalisco no somos así, queremos y cuidamos nuestro estado. A nadie en Jalisco le conviene seguir en la confrontación, aunque algunos así lo crean. Debemos cerrar filas y cerrarles las puertas de Jalisco a los violentos”, expresó.
La manifestación de ayer por el agua limpia fue una movilización ciudadana ejemplar. Desafortunadamente, los grupos de provocadores violentos llegaron a generar destrozos y a provocar a la policía para que los enfrentara. No lo consiguieron. Los violentos quemaron tres puertas del Palacio de Gobierno, quebraron vidrios, lanzaron piedras y tiraron cámaras de seguridad, además de pintar los muros del Palacio y la Catedral de Guadalajara. Lanzaron explosivos a las puertas del Congreso del Estado y del Palacio de Justicia. No podemos permitir que, a través de la violencia, el caos y la desestabilización, intereses políticos busquen apoderarse de Jalisco. A nadie en Jalisco le conviene seguir en la confrontación, aunque algunos así lo crean. Las y los jaliscienses debemos cerrar filas y cerrarle las puertas de Jalisco a los violentos.
— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 19, 2026
Lemus destaca daños y actos violentos durante la marcha
El gobernador sostuvo que, durante la manifestación del domingo 18 de octubre, su administración y los manifestantes pacíficos lograron impedir la infiltración de grupos de choque. También afirmó que no hubo enfrentamientos ni personas inocentes afectadas, aunque reconoció que se registraron daños al patrimonio y actos de violencia.
Según su relato, los participantes violentos dañaron tres puertas del Palacio de Gobierno, rompieron vidrios, lanzaron piedras, derribaron cámaras de seguridad y realizaron pintas en los muros del inmueble y de la Catedral de Guadalajara. Además, aseguró que arrojaron explosivos contra las puertas del Congreso del Estado y del Palacio de Justicia.
Lemus también señaló que hubo saqueos a comercios y daños al mobiliario urbano, además de situaciones que pusieron en riesgo a las personas.
CNDH señala presunta coordinación con policías
Las declaraciones del gobernador se produjeron después de que la CNDH señalara que existen elementos que acreditan una presunta coordinación directa entre grupos violentos de manifestantes y “autoridades policiales”.
El organismo también manifestó suspicacia ante la ausencia, hasta el lunes, de reclamos por parte de familiares de las personas detenidas y de que estas no hubieran presentado quejas.
Sin embargo, Lemus no respondió directamente a estos señalamientos y optó por centrar su mensaje en los actos violentos registrados durante la movilización.
Gobierno reporta diez detenidos y daños millonarios
El gobierno de Jalisco informó que el saldo preliminar de los hechos violentos ocurridos durante la manifestación del domingo 18 de octubre fue de diez personas detenidas, 15 policías estatales con lesiones leves y alrededor de 15 millones de pesos en daños al Palacio de Gobierno y al mobiliario urbano.
Por otra parte, desde días antes de la difusión del mensaje de Lemus, cuentas en redes sociales identificadas como bots o simpatizantes de Movimiento Ciudadano habían emprendido una campaña contra la CNDH.
De acuerdo con la información de la nota original, la campaña anticipaba que la atracción del caso de presuntas torturas en Casa Jalisco, ocurridas el 11 de octubre, derivaría en señalamientos serios contra la administración estatal.