Un juez federal de Estados Unidos ordenó al gobierno de Donald Trump abstenerse de aplicar sanciones civiles o penales contra dos organizaciones estadounidenses que colaboran con la Corte Penal Internacional (CPI) en investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra en Gaza.
La resolución representa un nuevo obstáculo para la estrategia de la Casa Blanca contra el tribunal internacional y las organizaciones que promueven investigaciones sobre las acciones de funcionarios israelíes y estadounidenses.
El fallo ocurre en un contexto de creciente oposición pública en Estados Unidos al respaldo de Washington a Israel. Según una encuesta reciente del Jewish Electoral Institute, 52 por ciento de los estadounidenses apoya reducir la asistencia estadounidense a Israel. Además, este año más de 100 legisladores demócratas respaldaron una propuesta en ese sentido, frente a apenas 32 que la apoyaron en 2024.
Juez prohíbe aplicar sanciones contra dos organizaciones
Las organizaciones Democracy for the Arab World Now (DAWN) y Tax-payer Alliance Against Genocide (TAAG) han colaborado con grupos de derechos humanos y presentado solicitudes ante la CPI para que investigue y formule cargos contra funcionarios israelíes y estadounidenses por su presunta participación en crímenes graves en Gaza.
Ante las amenazas de sanciones y la posibilidad de que el gobierno intentara impedir sus operaciones en el país, ambas organizaciones demandaron a la administración Trump por considerar que sus medidas vulneraban el derecho constitucional a la libertad de expresión.
En una resolución emitida este martes, el juez federal Jesse Furman dictó una orden preliminar que prohíbe al gobierno aplicar contra los demandantes disposiciones que contemplen sanciones civiles o penales. Sin embargo, el juez no determinó por ahora si la orden ejecutiva de Trump es constitucional.
Omar Shakir, director ejecutivo de DAWN, celebró la decisión y sostuvo que impedirá al gobierno obstaculizar las acciones de quienes buscan que se investiguen presuntos crímenes de guerra.
“El fallo del tribunal deja claro que la ley no permite prohibir a estadunidenses abogar por la justicia ante la CPI o trabajar con defensores de derechos humanos que este gobierno sancionó”, declaró Shakir.
Tras la resolución, DAWN anunció que ampliará de inmediato su colaboración con la Corte Penal Internacional, organizaciones palestinas de derechos humanos y Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas.
Joseph Pace, abogado de DAWN y TAAG, calificó el fallo como una victoria para la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege, entre otros derechos, la libertad de expresión, y como un avance para limitar el régimen de sanciones contra la CPI.
Trump amplió las sanciones contra la Corte Penal Internacional
En febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer sanciones a fiscales y jueces de la CPI, así como a personas y organizaciones de cualquier país que apoyaran investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por ciudadanos estadounidenses o israelíes.
La medida se produjo después de que el tribunal emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y un alto mando militar de Israel por presuntos crímenes de guerra.
Las sanciones también se han aplicado contra organizaciones palestinas de derechos humanos, entre ellas Al Haq, Al Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos, así como contra la relatora especial de la ONU Francesca Albanese.
La semana pasada, el Departamento de Estado estadounidense amplió las medidas financieras contra la CPI y su personal. Según la información proporcionada en el anuncio, el gobierno expresó su intención de desmantelar la institución.
Tanto la administración Trump como el gobierno de su antecesor, el demócrata Joe Biden, defendieron a Israel frente a las acusaciones presentadas ante la CPI y emprendieron acciones para frenar a personas que denunciaban las actuaciones de Tel Aviv.
Legisladores demócratas impulsan medidas contra los asentamientos
Las tensiones también se reflejan en el Congreso estadounidense. Esta semana, el representante demócrata Joaquín Castro informó que 52 legisladores están dispuestos a respaldar un proyecto de ley que impondría sanciones a quienes intenten apropiarse de terrenos palestinos en Cisjordania o Gaza.
La iniciativa enfrenta pocas posibilidades de aprobación por ahora, pero representa un desafío a la política de Trump, quien al inicio de su segundo mandato eliminó sanciones contra colonos israelíes de derecha que ampliaban sus asentamientos en esos territorios.
El aumento del respaldo demócrata a reducir la ayuda a Israel también marca un cambio respecto de 2024, cuando solo 32 integrantes del partido apoyaron esa propuesta.
Trump arremete contra la prensa y pide castigar a filtradores
Mientras enfrenta críticas y reveses judiciales por sus políticas en Medio Oriente, Trump volvió a atacar a los medios de comunicación durante un discurso en Arizona este miércoles.
El presidente acusó a periodistas de haber conocido, mediante filtraciones de funcionarios gubernamentales, planes oficiales para lanzar una segunda guerra contra Irán en febrero. Durante el mitin, afirmó que quienes filtran información deberían recibir la pena de muerte.
“En mi opinión, creo que los filtradores deben ser fusilados. En los viejos tiempos, así lo hacíamos”, declaró ante sus simpatizantes.
Posteriormente, criticó a los medios que cubrían el acto y los acusó de difundir información falsa y de inventar fuentes.
Las declaraciones se produjeron en medio de la disputa de su administración con organizaciones defensoras de derechos humanos, la Corte Penal Internacional y sectores que cuestionan el respaldo estadounidense a Israel.