Aunque más de tres cuartas partes de los estados de México han despenalizado el aborto, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres señalaron que todavía existen importantes obstáculos para garantizar el acceso efectivo a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la Red de Mujeres por la Salud (REMUSA) llamaron a los congresos de las siete entidades que aún no despenalizan el aborto a avanzar en la modificación de sus leyes.
Queda un último nombre en la placa: el delito de aborto.
— GIRE (@GIRE_mx) September 28, 2026
Este #28S queremos que salga de la casa y de los códigos penales. pic.twitter.com/IB2RCHSbHR
Organizaciones exigen despenalización en siete estados
GIRE, ILSB, CDD y REDefine, entre otras organizaciones, colocaron mantas con la leyenda “Aborto Legal y Seguro” en Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tamaulipas.
Con estas acciones exigieron que se despenalice el aborto en las siete entidades donde todavía no se ha concretado la reforma.
En la Ciudad de México, otras colectivas marcharon desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan hacia el Zócalo capitalino, con la exigencia de que el acceso a la ILE se garantice en todo el país.
Entre sus principales demandas estuvo el acceso a un “aborto libre, gratis y seguro”.
Objeción de conciencia sigue siendo una barrera
Aydé García Hernández, directora de CDD, señaló a La Jornada que persiste una deuda para garantizar que todas las mujeres puedan acceder a un aborto libre y seguro.
“Tenemos un gran pendiente en términos de que no todas las mujeres del país pueden acceder a un aborto libre y seguro.”
La activista también señaló que la objeción de conciencia de los médicos continúa siendo una de las principales barreras, pues aunque la legislación establece que las instituciones públicas de salud deben garantizar el servicio incluso cuando existan médicos objetores, esto se complica en distintas regiones.
García Hernández recordó que existe una iniciativa para regular la objeción de conciencia conforme a los estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La propuesta fue turnada de la Cámara de Diputados al Senado, donde permanece pendiente en la Comisión de Salud.
Una investigación del ILSB titulada Aborto, de la despenalización al acceso, que analiza la situación en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo, Puebla y Veracruz, también identifica problemas relacionados con la falta de personal capacitado.
De acuerdo con personal de salud entrevistado para el estudio, esto genera una dependencia de un número reducido de médicos no objetores. Como consecuencia, la atención puede concentrarse en pocas unidades, provocando saturación y dificultades para brindar cobertura oportuna, particularmente en estados con grandes extensiones territoriales.
Organizaciones piden eliminar el estigma
García Hernández recordó que CDD mantiene una campaña que busca destacar que el aborto es un derecho y contribuir a su despenalización social.
“Ya no podemos seguir estigmatizando y criminalizando a las mujeres que se practican una ILE.”
Por su parte, REMUSA pidió a los tres órdenes de gobierno garantizar que la ILE se consolide como un servicio de salud pública, gratuito, oportuno y libre de estigma.
La organización señaló que todavía existen brechas en el acceso a este derecho que afectan especialmente a mujeres y niñas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
En tanto, Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC) y el proyecto colectivo Vulvísima realizaron dos intervenciones murales en la Ciudad de México para llevar al espacio público una conversación sobre aborto, autonomía reproductiva y derecho al cuidado.
¿Qué ocurre en los siete estados que faltan?
GIRE detalló que la situación no es igual en todas las entidades que todavía no han despenalizado el aborto:
- Durango y Morelos: existen mandatos judiciales derivados de los amparos indirectos 116/2023 y 1638/2023, respectivamente, que ordenan a sus congresos reformar la legislación penal. Sin embargo, GIRE señaló que los legisladores han ignorado estos mandatos y no han realizado las modificaciones correspondientes.
- Querétaro: actualmente cuenta con dos causales: violación e imprudencia o culpa de la persona embarazada. Activistas han acompañado a mujeres para acceder a un aborto en los servicios estatales de salud con base en el amparo 71/2023, presentado por GIRE ante la omisión del Estado para garantizar los derechos reproductivos.
- Guanajuato: está por vencer el plazo concedido por la SCJN para que el Congreso local reforme el Código Penal.
- Sonora, Nuevo León y Tamaulipas: no se ha discutido ninguna de las iniciativas presentadas y, de acuerdo con las organizaciones, no parece existir consenso sobre el tema.
- Nuevo León: en 2019, la SCJN invalidó una reforma constitucional local que otorgaba el estatus jurídico de persona al embrión o feto desde la concepción y que había sido promovida por actores ultraconservadores.
Piden garantizar el aborto como derecho
Isabel Rubio, de la Red de Mujeres por la Salud, señaló que la falta de reconocimiento y acceso efectivo al aborto como derecho humano mantiene desigualdades que afectan especialmente a personas que ya enfrentan discriminación por su condición económica, identidad de género u origen étnico o racial.
“La labor del Estado es garantizar que todas las mujeres puedan decidir de manera libre, segura e informada sobre su proyecto de vida y ejercer la autonomía sobre sus cuerpos, y eso requiere que se asignen los recursos necesarios a este tema.”
Las organizaciones coincidieron en que, además de avanzar en la despenalización, el reto consiste en garantizar que el derecho pueda ejercerse de manera efectiva, con servicios de salud accesibles y sin estigmas.