Amnistía Internacional pidió la abolición inmediata del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de documentar lo que la organización describe como violaciones generalizadas de derechos humanos durante operaciones de control migratorio.
En un informe publicado este jueves, la organización señaló a ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales por presuntos abusos registrados durante operativos de carácter militarizado en Chicago, Mineápolis-Saint Paul, Nueva Orleans y Washington D.C.
El documento, titulado Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de Derechos Humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para abolir el ICE, sostiene que la administración del presidente Donald Trump ha desarrollado un sistema de detenciones y deportaciones masivas.
Amnistía documenta presuntas violaciones
De acuerdo con la investigación, Amnistía documentó casos que, según su análisis, incluyen:
- Detenciones arbitrarias y discriminatorias.
- Presunta discriminación racial.
- Uso ilegal o excesivo de la fuerza, incluso fuerza letal.
- Represión de protestas pacíficas.
- Vigilancia mediante tecnología de reconocimiento facial.
- Detenciones en condiciones que la organización considera crueles, inhumanas o degradantes.
- Detenciones incomunicadas y posibles casos de desaparición forzada.
La organización también señaló que agentes federales habrían utilizado gases lacrimógenos, gas pimienta y otros agentes químicos contra manifestantes, observadores y miembros de comunidades durante algunas operaciones.
Acusa un entorno institucional de abusos
Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, afirmó que el informe documenta un patrón de violaciones que, según la organización, busca generar temor entre las comunidades migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
“Agentes federales enmascarados y armados atacando impunemente a personas en las calles no hacen que nuestras comunidades sean más seguras: ponen a todo el mundo en peligro”, declaró Daar.
Amnistía sostuvo que los abusos documentados no pueden atribuirse únicamente a conductas individuales de agentes, sino que ocurren dentro de un entorno institucional que, según su investigación, ha sido respaldado y ampliado por altos funcionarios de la administración Trump.
La organización también denunció que agentes habrían utilizado perfiles raciales para seleccionar a personas a las que consideraban migrantes, además de realizar detenciones en lugares como zonas de construcción, restaurantes y sitios donde se reúnen trabajadores. Según el informe, entre las personas detenidas también hubo ciudadanos estadunidenses y personas con estatus migratorio regular.
Piden abolir ICE
A partir de sus conclusiones, Amnistía Internacional consideró que una reforma parcial de ICE no sería suficiente y pidió al gobierno estadunidense eliminar la agencia y comenzar de nuevo la construcción del sistema de control migratorio.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, cuestionó prácticas como los perfiles raciales, las detenciones en las calles y la separación de familias.
“Estas prácticas violan Derechos Humanos y causan temor y angustia psicológica, así como problemas de salud crónicos a niños y niñas, otros miembros de las familias y comunidades enteras”, declaró.
Entre sus recomendaciones, la organización también pidió poner fin a las políticas de detención y deportación masivas, detener la discriminación racial en los operativos migratorios, proteger las protestas pacíficas e investigar de manera independiente las denuncias contra agentes federales.
Comunidades crean redes para protegerse
El informe destacó además la respuesta de comunidades migrantes y organizaciones civiles ante los operativos.
Amnistía señaló que en las ciudades estudiadas se crearon redes de respuesta rápida y ayuda mutua, que documentaron las acciones de los agentes, ofrecieron alimentos y transporte, organizaron patrullajes vecinales y difundieron información sobre derechos.
La organización consideró que las protestas también se convirtieron en una herramienta de resistencia y que las grabaciones realizadas por integrantes de las comunidades fueron relevantes para documentar algunos de los incidentes denunciados.




