Estados Unidos deportó a más de 25 mil personas a terceros países mediante acuerdos con 35 naciones para recibir a migrantes que no tienen vínculos con esos lugares, de acuerdo con una investigación de Forbidden Stories publicada este lunes.
Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025, Washington ha establecido acuerdos con países en desarrollo para recibir a migrantes que no pueden ser enviados legalmente de regreso a sus países de origen.
La investigación reveló que el gobierno estadunidense destinó 410 millones de dólares para ser entregados directamente a los países receptores o a organismos de Naciones Unidas con el objetivo de facilitar las deportaciones.
Hasta el 31 de agosto de 2026, al menos 25 mil 447 personas habían sido enviadas a terceros países, según datos recopilados por Forbidden Stories junto con un consorcio de periodistas internacionales.
La mayoría, unas 20 mil personas, fueron enviadas a México, mientras que el resto fue distribuido entre otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico. Además, se habían concretado acuerdos con otros siete países.
Las condiciones de los acuerdos varían, incluso respecto a las nacionalidades de las personas que pueden ser deportadas y si se permite recibir a migrantes con antecedentes penales.
Migrantes quedan en un limbo legal
Una investigación de la AFP publicada a principios de este año señaló que Washington ha utilizado restricciones de visas y otras medidas contra países africanos para presionarlos a aceptar personas deportadas.
Abogados consultados por la agencia afirmaron que algunos migrantes son enviados a un “limbo legal”, al quedar retenidos sin cargos en países con los que no tienen vínculos y donde cuentan con pocos derechos.
Forbidden Stories informó que 49 de los 54 países africanos fueron contactados para evaluar si aceptarían deportados de terceros países.
La investigación también identificó una división poco conocida del Departamento de Estado, la Oficina de Remigración, creada en mayo de 2025 y encargada de gestionar buena parte de las negociaciones y los pagos relacionados con estos acuerdos.
La oficina está dirigida por Christian Jove Ehrhardt, un diplomático de 41 años que anteriormente trabajó como oficial de seguridad.
El caso de Camerún
El informe documentó visitas de Ehrhardt a Camerún, país que en diciembre firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos para aceptar deportados.
Una semana después, Camerún suscribió un programa de asistencia sanitaria de cinco años por un valor cercano a 400 millones de dólares.
Al mes siguiente, el Departamento de Estado anunció otros 30 millones de dólares para ACNUR en Camerún, destinados a “facilitar el retorno voluntario de refugiados y combatir la inmigración ilegal”.
El primer avión con deportados llegó a Camerún el 14 de enero.
Pagos millonarios por recibir deportados
Los acuerdos también contemplan pagos directos a algunos gobiernos.
Palau, una nación insular del Pacífico con menos de 18 mil habitantes, firmó en diciembre de 2025 un acuerdo para aceptar hasta 75 ciudadanos de terceros países a cambio de 7.5 millones de dólares. Hasta ahora, solo tres personas han sido enviadas bajo ese acuerdo.
En Esuatini, 32 personas llegaron desde julio de 2025, de un máximo potencial de 160 contemplado en un convenio valuado en más de 5 millones de dólares. Según la investigación, el país aceptó personas deportadas con antecedentes penales.
De los 410 millones de dólares previstos para estos acuerdos, documentos internos del Departamento de Estado mostraron que 81 millones estaban destinados a los gobiernos signatarios.
El resto se distribuyó entre organizaciones de asistencia, incluidos:
| Organismo | Monto previsto |
|---|---|
| Organización Internacional para las Migraciones (OIM) | Más de 178 millones de dólares |
| Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) | 123 millones de dólares |
La participación de las agencias de Naciones Unidas ha generado críticas. ACNUR afirmó a Forbidden Stories que no forma parte de los acuerdos bilaterales y que los fondos estadunidenses son utilizados conforme a su mandato para fortalecer los sistemas de asilo.
Por su parte, un portavoz de la OIM señaló que las decisiones para aceptar fondos se basan en determinar si la participación de la organización puede mejorar las condiciones de los migrantes afectados.