El juez penal de primera instancia Manuel Jurado Torres fue detenido en Chihuahua por una acusación de prevaricación agravada, un delito relacionado con el ejercicio indebido de funciones judiciales, informó Abelardo Valenzuela Holguín, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACh).
Durante la audiencia inicial celebrada ayer, Jurado Torres aceptó ser vinculado a proceso y obtuvo de inmediato la suspensión condicional del proceso por un periodo de 12 meses.
Como parte de las condiciones para acceder a esta salida alterna, el juez deberá renunciar al cargo que obtuvo mediante la elección judicial de junio del año pasado.
Lo acusan de favorecer a un procesado
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, Jurado Torres habría modificado una medida cautelar de prisión preventiva a resguardo domiciliario para beneficiar al cliente de un abogado con quien mantiene una relación de amistad.
Los hechos habrían ocurrido el 23 de diciembre de 2025, cuando Jurado se desempeñaba como juez del distrito judicial Hidalgo, en el municipio de Hidalgo del Parral.
Ese día, el juzgador autorizó modificar la medida cautelar impuesta a Julio César M. V., quien enfrentaba un proceso por los delitos de violación y violencia familiar, y permitió que continuara su proceso en libertad bajo resguardo domiciliario.
La Fiscalía señaló que la defensa solicitó una audiencia de revisión durante el periodo vacacional del Poder Judicial, pese a que el asunto no tenía carácter urgente.
Según la investigación, Jurado Torres habría tenido conocimiento de la audiencia y, al intervenir en ella, otorgado una ventaja procesal indebida.
Fiscalía señala exceso en actuación del juez
El Ministerio Público también acusó al juzgador de haber ido más allá de las facultades propias de la audiencia.
Durante la diligencia, presuntamente cuestionó y descalificó los argumentos de una jueza que había impuesto previamente la prisión preventiva.
Para la Fiscalía, esto habría significado que Jurado Torres asumiera materialmente una función revisora que corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes.
El fiscal Abelardo Valenzuela explicó que el delito de prevaricación agravada puede configurarse cuando un servidor público, particularmente un juez, dicta deliberadamente una resolución injusta o contraria a la ley en el ejercicio de sus funciones, o cuando lo hace con la intención de generar una ventaja procesal.
FACh niega que busque afectar la independencia judicial
Ante el caso, Valenzuela Holguín aclaró que la investigación no pretende cuestionar la independencia de los jueces ni revisar resoluciones únicamente porque su contenido resulte contrario a los intereses de alguna de las partes.
“La Fiscalía Anticorrupción precisa que su actuación no implica cuestionar la independencia judicial ni revisar el sentido de las resoluciones jurisdiccionales por el solo hecho de ser contrarias”.
El fiscal sostuvo que la función de la institución consiste en investigar aquellos casos en los que el ejercicio de una responsabilidad pública pudiera haberse desviado de su finalidad constitucional para favorecer intereses particulares o indebidos.
Fiscalía analiza modificación de medida cautelar
Valenzuela también señaló que la acusación considera lo establecido en el artículo 161 del Código de Procedimientos Penales, el cual establece que para modificar una medida cautelar deben haber cambiado objetivamente las condiciones que justificaron su imposición.
“El artículo 161 del Código de Procedimientos Penales establece que la modificación de una medida cautelar requiere que hayan variado objetivamente las condiciones que justificaron su imposición”.
Según explicó el fiscal, esta circunstancia forma parte del análisis realizado por el Ministerio Público dentro de la investigación contra el ahora exjuez.
