A un año de haber sido desplazadas por una invasión territorial armada, 225 personas de la comunidad de Buenavista, perteneciente a Santiago Yosondúa, en la región de la Mixteca de Oaxaca, continúan sin poder regresar a sus hogares.

Autoridades municipales y comunales denunciaron que las familias fueron obligadas a abandonar sus viviendas luego de que habitantes de Santa María Yolotepec irrumpieran en la comunidad hace 12 meses.

Durante aquella incursión, de acuerdo con las autoridades, fueron incendiadas alrededor de 14 viviendas y varios vehículos, con la finalidad de apropiarse de los terrenos.

86 familias permanecen desplazadas

Las más de 200 personas afectadas están agrupadas en 86 núcleos familiares. Algunas han tenido que permanecer en un área de la azotea del palacio municipal, mientras que otras se refugiaron en casas de familiares.

Las autoridades señalaron que el desplazamiento ha afectado distintos aspectos de la vida de las familias, pues además de abandonar sus viviendas, tuvieron que dejar atrás tierras de cultivo, animales, cosechas y bienes construidos durante años.

“El desplazamiento no significa únicamente haber abandonado una vivienda, sino estar lejos de la tierra que se trabaja, de los animales que representan un medio de subsistencia, de las cosechas, de los bienes que fueron construidos”.

Entre las personas afectadas se encuentran niñas, niños, mujeres, hombres y adultos mayores, quienes han tenido que modificar su forma de vida debido a una situación que, afirmaron, no provocaron.

Piden intervención de las autoridades

Los desplazados cuestionaron que haya transcurrido un año sin que puedan regresar a sus hogares y solicitaron la intervención del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, a quien señalaron de no haber resuelto el conflicto.

“No puede normalizarse que una familia pase un año lejos de su hogar por temor a sufrir nuevos actos de violencia”.

Las familias y sus autoridades aseguraron que buscan una solución pacífica y rechazaron cualquier posibilidad de recurrir a la violencia para resolver el conflicto territorial.

Consideraron que este tipo de disputas deben atenderse mediante las instituciones y a través del diálogo, la conciliación y los procedimientos establecidos por la ley.

“Los conflictos agrarios y territoriales deben resolverse mediante las instituciones, el diálogo, la conciliación y los procedimientos establecidos por la ley. Nadie debe hacer justicia por propia mano”.

Sin embargo, también exigieron que los delitos cometidos durante el último año sean investigados y sancionados. Entre ellos mencionaron la quema de viviendas y vehículos, así como el saqueo de casas de Buenavista.

Las autoridades señalaron que alcanzar la paz no debe significar dejar estos hechos en la impunidad.

Exigen condiciones para un eventual retorno

Las familias desplazadas solicitaron a los gobiernos federal y estatal implementar acciones para atender la situación y garantizar su seguridad.

Entre sus principales peticiones se encuentran:

• Garantizar la seguridad de las personas afectadas.
• Dar seguimiento a las investigaciones sobre lo ocurrido.
• Instalar una mesa de diálogo, conciliación y construcción de paz.
• Garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.
• Establecer garantías de no repetición.
• Crear las condiciones de seguridad necesarias para un eventual retorno.

Las familias buscan que, cuando sea material y jurídicamente posible, puedan regresar de manera voluntaria, segura, digna y sostenible a sus hogares y tierras.

Mientras tanto, las 225 personas continúan desplazadas un año después de los hechos y esperan una solución institucional que les permita recuperar su vida en la comunidad de Buenavista.