Ante la próxima publicación del reglamento de la Ley General de Economía Circular, organizaciones sociales pidieron incluir mecanismos sólidos para identificar, evaluar y eliminar de manera progresiva las sustancias químicas peligrosas presentes en productos y materiales.
El objetivo, señalaron, es evitar que estos compuestos sean liberados al medio ambiente durante los nuevos ciclos de producción.
El Poder del Consumidor, Greenpeace y otras organizaciones advirtieron que la exposición a sustancias químicas puede ocurrir durante todo el ciclo de vida de los productos, desde la extracción de los recursos utilizados para fabricarlos hasta que se convierten en residuos.
Por ello, consideraron que no puede existir una economía circular segura si los materiales mantienen sustancias peligrosas que posteriormente permanecen en los procesos productivos, pasan a nuevos productos o terminan en el medio ambiente y afectan a las personas.
Las organizaciones señalaron que es indispensable reconocer la protección de la salud humana y del medio ambiente como un eje transversal de la aplicación de la ley y de todos los instrumentos que se deriven de ella, cuya vigencia comenzó el pasado 20 de enero.
¿Qué debe incluir el reglamento?
El reglamento deberá emitirse 180 días después de la entrada en vigor de la ley y, de acuerdo con las organizaciones, debe establecer medidas de protección suficientes para que las tecnologías de termovalorización de residuos sean utilizadas únicamente como última opción.
Estas tecnologías permiten transformar residuos en energía eléctrica mediante procesos de combustión controlada. Las organizaciones plantearon que su utilización debe estar respaldada por análisis completos e independientes del ciclo de vida.
También pidieron que las decisiones técnicas para determinar qué materiales, tecnologías y modelos de gestión son compatibles con la economía circular se adopten con absoluta independencia.
Piden prevenir la contaminación desde el diseño
Las organizaciones sostuvieron que una verdadera política de economía circular debe prevenir la contaminación química desde el diseño de los productos y promover la sustitución progresiva de las sustancias que representen mayores riesgos.
“El Estado debe establecer medidas regulatorias orientadas a la eliminación progresiva de las sustancias químicas peligrosas y su sustitución por alternativas más seguras”.
Asimismo, consideraron necesario establecer responsabilidades para quienes producen, importan, comercializan o ponen bienes y materiales en el mercado, de manera que respondan por los impactos durante todo el ciclo de vida de los productos.
Finalmente, señalaron que el marco regulatorio debe impedir que los costos ambientales y los riesgos para la salud sean trasladados a la sociedad, particularmente a las comunidades más vulnerables o a las generaciones futuras.
