El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles que su gobierno declarará la emergencia económica para hacer frente a los efectos del terremoto que dejó miles de víctimas en el país.
La medida permitirá al Ejecutivo adoptar decisiones económicas de manera extraordinaria, entre ellas decretar nuevos impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, de acuerdo con las facultades contempladas en la Constitución colombiana.
“Esta crisis nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal, la más compleja en la historia republicana de nuestro país”.
Ante la magnitud de esta tragedia, hemos decidido declarar la emergencia económica para tomar medidas excepcionales que nos permitan atender a las familias damnificadas y acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas.
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 13, 2026
Implementaremos alivios temporales en el pago de… pic.twitter.com/0kl0zKteCG
De la Espriella, quien asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto con la promesa de no crear nuevos tributos, afirmó que encontró un Estado desfinanciado y con una situación fiscal complicada.
Señaló que Colombia enfrenta actualmente un alto nivel de endeudamiento, recursos limitados en la tesorería y un presupuesto público desfinanciado.
Crearán fondo para atender a víctimas
El mandatario también anunció la creación de un fondo para atender a las personas afectadas por el terremoto, que contará con aportaciones nacionales e internacionales.
Los recursos serán destinados a la reconstrucción y rehabilitación de hospitales, centros educativos, inmuebles y vías, además de los cinco aeropuertos que resultaron afectados por el sismo.
El gobierno también contempla otorgar subsidios para el pago de alquiler y servicios públicos a las personas damnificadas.
Emergencia podrá durar hasta 90 días
El gobierno colombiano dará a conocer los detalles de las medidas cuando publique el decreto correspondiente.
Sin embargo, la finalidad práctica de la emergencia económica, según lo establecido en la Constitución colombiana, es permitir al Ejecutivo crear nuevos impuestos sin que tengan que ser aprobados previamente por el Congreso.
La medida podrá mantenerse vigente por un periodo máximo de 90 días.
