Un juez vinculó a proceso a 26 personas por su presunta participación en una red que habría utilizado plazas docentes irregulares para desviar recursos públicos en el Estado de México mediante el esquema conocido como “aviadores”.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la organización habría operado desde 2021 y ocasionado un daño al erario estimado en 96 millones de pesos, tan solo entre enero de 2025 y febrero de 2026.
Los imputados enfrentan cargos por los presuntos delitos de fraude y abuso de autoridad, mientras que una persona más continúa bajo investigación y otras cinco promovieron juicios de amparo.
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— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) July 3, 2026
La #FiscalíaEdoméx obtuvo vinculación a proceso en contra de 26 sujetos investigados por un esquema delictivo de simulación en la asignación de plazas de diversas dependencias del gobierno del #Edoméx, por su probable responsabilidad en los delitos de… pic.twitter.com/IAdCCb7FNP
La investigación comenzó tras detectar plazas irregulares
Las indagatorias iniciaron luego de que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) presentara denuncias el 11 y 26 de febrero, así como el 4 de mayo, al detectar 459 movimientos de alta de supuestos docentes que, según la Fiscalía, nunca desempeñaron funciones dentro del sistema educativo estatal.
Durante la revisión de expedientes, las autoridades encontraron diversas irregularidades, entre ellas:
- Falta de documentación profesional y administrativa.
- Altas de personal sin cumplir los requisitos legales.
- Registros en los sistemas oficiales SIGAP y META 4, utilizados para la administración de personal y dispersión de nómina.
Así operaba la presunta red
Según la investigación, la organización estaba integrada por exfuncionarios, servidores públicos en activo y particulares, quienes presuntamente aprovechaban sus cargos para autorizar plazas docentes inexistentes.
Las personas reclutadas —principalmente familiares, amigos o personas de confianza— proporcionaban sus datos para ser dadas de alta como docentes, aunque nunca acudían a trabajar.
Una vez registrados, los supuestos trabajadores recibían depósitos de nómina en cuentas bancarias cuyos recursos eran controlados por integrantes de la red.
Posteriormente, el dinero era retirado en efectivo y distribuido entre los participantes.
La Fiscalía documentó que, en algunos casos, quienes prestaban su identidad para obtener una plaza recibían apenas 6 mil pesos, mientras que por concepto de salario se depositaban hasta 200 mil pesos. El resto del dinero, de acuerdo con las investigaciones, era repartido entre los operadores del esquema.
Utilizaban escuelas inactivas y operaban de madrugada
Las investigaciones señalan que muchas de las plazas fueron asignadas a planteles educativos con claves de centros de trabajo inactivos, ubicados en municipios como:
- Toluca.
- Metepec.
- Zinacantepec.
- Ecatepec.
- Texcoco.
- Naucalpan.
- Luvianos.
- Tejupilco.
- Zumpango.
- Amecameca.
- Almoloya de Alquisiras.
- Nezahualcóyotl.
La Fiscalía indicó que esta práctica permitía disminuir el riesgo de que las irregularidades fueran detectadas durante revisiones administrativas.
Además, los movimientos de alta presuntamente se realizaban durante la madrugada y los capturistas alternaban mensualmente las cuentas desde las cuales efectuaban los registros para dificultar su rastreo.
Exfuncionarios y servidores en activo, entre los investigados
Entre los involucrados se encuentran dos exsubsecretarios de la administración estatal 2017-2023, además de exdirectores generales, delegados administrativos, coordinadores, directores de área, subdirectores, jefes de departamento, capturistas y personal operativo de dependencias como la Secretaría de Finanzas, la SECTI, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Seguridad e incluso la Secretaría del Bienestar.
La Fiscalía sostiene que varios de los participantes mantenían relaciones familiares o de confianza, lo que permitió que el esquema continuara operando incluso cuando algunos funcionarios dejaron sus cargos y fueron sustituidos por otras personas que se integraban a la misma red.
¿Quiénes forman parte de la investigación?
La Fiscalía informó que la investigación involucra a 33 personas, entre exfuncionarios, servidores públicos en activo, particulares y presuntos “falsos docentes”. De ese total, 26 fueron vinculadas a proceso, cinco promovieron juicios de amparo, una permanece bajo investigación y otra más falleció mientras se desarrollaban las indagatorias.
Entre los principales perfiles señalados se encuentran:
- Óscar “N”, exsubsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas.
- Sergio Andrés “N”, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la entonces Secretaría de Educación.
- Jaime Noé “N”, exdirector general de Personal de la Secretaría de Finanzas.
- Juan Alberto “N”, delegado administrativo de la Dirección General de Personal.
- Araceli “N”, directora de Remuneraciones al Personal.
- Yunuen “N”, subdirectora de Actualización de Base de Datos.
- David “N”, director de Sistemas y Tecnologías de la Información.
- Christopher “N”, subdirector de Desarrollo Técnico.
- Diego Emmanuel “N”, jefe del Departamento de Base de Datos de Nómina.
- Daniel “N”, secretario particular.
- Jair “N”, analista especializado.
En la SECTI, la Fiscalía también señaló a Alfredo “N”, Daniel Arturo “N” y a los capturistas Alejandra “N”, Ángel Fernando “N”, Anel “N”, Yuritzi Lucero “N”, Norma del Carmen “N”, Ericka “N”, Orlando “N”, Jorge Emanuel “N”, Óscar “N” y Alan Israel “N”.
Asimismo, la investigación incluye a Felipe “N”, Fredy “N”, Yesica “N” y José Ernesto “N”, relacionados con la Secretaría de Seguridad; a Diana Paola “N”, adscrita a la Secretaría del Bienestar; así como a Rodolfo Alejandro “N”, Eduardo “N”, Erick Jonathan “N”, Areli “N” y Sabina “N”, quienes presuntamente desempeñaron distintos papeles dentro del esquema.
La carpeta de investigación también hace referencia a José Daniel “N”, exservidor público de la SECTI, quien fue localizado sin vida en abril pasado. Su fallecimiento continúa bajo investigación bajo el protocolo de homicidio.
Investigación apunta a una operación sostenida desde 2021
Como parte de las indagatorias, la Fiscalía recordó la detención de Juan Alberto “N”, ocurrida en diciembre de 2021 en Toluca, cuando presuntamente retiraba dinero con 164 tarjetas bancarias expedidas a nombre de servidores públicos y llevaba 180 mil pesos en efectivo.
En aquel momento, varios funcionarios justificaron que el servidor público realizaba gestiones bancarias por instrucciones de sus superiores; sin embargo, la autoridad considera que ese hecho constituye uno de los primeros indicios de la operación de la red.
Las investigaciones también establecen que algunos integrantes participaron en el desarrollo de la plataforma META 4, utilizada para administrar la nómina estatal, y posteriormente ocuparon cargos estratégicos desde los cuales presuntamente facilitaron las contrataciones irregulares.
Además, la Fiscalía señala que algunos de los investigados se asignaron plazas docentes con salarios superiores a 50 mil pesos mensuales, las cuales podrían representar beneficios laborales y de jubilación.
Detectan presunto enriquecimiento de algunos involucrados
Como parte de la investigación patrimonial, la FGJEM informó que el nivel de vida de algunos de los investigados no correspondería con sus ingresos como servidores públicos.
De acuerdo con la autoridad, fueron identificados viajes a destinos como París, Dubái, Las Vegas, China, Egipto e Islas del Caribe, además del uso de vehículos, prendas y accesorios de alta gama, así como inmuebles de elevado valor.
Estas observaciones forman parte de las líneas de investigación que continúan desarrollándose.
Continúan las investigaciones
La Fiscalía mexiquense informó que las investigaciones siguen en curso para determinar el alcance total de la presunta red y establecer si el esquema operó en otras dependencias del gobierno estatal desde 2021.
Asimismo, no se descarta que el monto del presunto daño al erario aumente conforme avancen las indagatorias y se acrediten nuevas altas irregulares o la participación de más personas.