La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda por presuntas irregularidades relacionadas con la triangulación de casi mil millones de pesos en recursos públicos hacia empresas vinculadas con el mandatario, además de posibles actos de corrupción.
Con seis votos a favor de diputados del PRI, PAN y una legisladora de Morena, y uno en contra de Movimiento Ciudadano, la comisión avaló que el proceso continúe. Ahora, el gobernador contará con un plazo de 15 días hábiles, hasta el 23 de junio, para presentar su declaración de manera presencial, por escrito o mediante un representante legal.
Morena presentó la solicitud
La petición fue promovida el pasado 8 de junio por la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, junto con representantes y aspirantes a la gubernatura del partido, quienes basaron su solicitud en información periodística sobre el presunto manejo irregular de recursos.
De acuerdo con el procedimiento previsto, el asunto podría llegar al pleno del Congreso en agosto, donde se requerirían al menos 28 de los 42 votos de los diputados locales para aprobar la declaración de procedencia. Posteriormente, el caso sería turnado al Tribunal Superior de Justicia para la evaluación correspondiente.
Cuarta solicitud contra el mandatario
Se trata de la cuarta solicitud de juicio político impulsada por el Congreso local contra Samuel García.
Entre los antecedentes destacan:
- 2022: por no presentar a tiempo el Paquete Fiscal 2023. El caso llegó a la Suprema Corte, que validó el juicio político, aunque determinó que el Congreso no tenía facultades para destituir al gobernador.
- 2023: por la falta de publicación de decretos, reformas e iniciativas aprobadas por el Poder Legislativo. La Suprema Corte invalidó la publicación realizada por el Congreso en su propia gaceta al considerar que invadía atribuciones exclusivas del Ejecutivo estatal.
- 2024: tras las elecciones en Monterrey, cuando se acusó al mandatario de intervenir en el proceso electoral mediante el presunto uso indebido de recursos públicos y la promoción de candidaturas de Movimiento Ciudadano, entre ellas las de Mariana Rodríguez, Luis Donaldo Colosio Riojas, Martha Herrera y Jorge Álvarez Máynez.