La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ninguno de los diez funcionarios de Sinaloa señalados por autoridades de Estados Unidos cuenta actualmente con ficha roja de Interpol.

Además, indicó que cinco de ellos, entre quienes se encuentra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, continúan bajo investigación para determinar posibles responsabilidades penales.

Continúan investigaciones sobre funcionarios

Durante una videoconferencia, el vocero de la FGR y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, señaló que las investigaciones siguen abiertas para esclarecer si existen delitos relacionados con los casos señalados por autoridades estadounidenses.

La Fiscalía aclaró que, hasta el momento, no se ha emitido ninguna notificación roja de Interpol contra los funcionarios mencionados.

Gobernadora de Chihuahua entregó escrito

Lara López también se refirió a la investigación relacionada con la presunta participación de agentes de la Central Intelligence Agency (CIA) en un operativo antinarcóticos realizado en Chihuahua.

Explicó que la gobernadora María Eugenia Campos acudió a instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, pero únicamente entregó un escrito en el que manifestó su negativa a proporcionar información.

“Solamente entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información”, indicó.

FGR reconoce inmunidad procesal

El funcionario explicó que la Fiscalía reconoce la inmunidad procesal que protege a determinados servidores públicos, como es el caso de la gobernadora de Chihuahua.

Sin embargo, puntualizó que esa condición no impide que una autoridad pueda colaborar con información dentro de una investigación.

“Ello no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos”, sostuvo.

Desmantelan laboratorio clandestino

La FGR detalló que la investigación surgió tras el hallazgo de un laboratorio clandestino para producir drogas sintéticas en el municipio de Morelos.

Según Lara López, el objetivo de citar tanto a la gobernadora como al fiscal estatal era obtener testimonios sobre la presencia de agentes extranjeros en actividades de seguridad dentro del país.

Finalmente, informó que el narcolaboratorio ya fue desmantelado y que las sustancias aseguradas fueron embaladas y trasladadas para su posterior destrucción.