La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, tras la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya, instruyó al Gabinete de Seguridad a trasladarse a Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina Yeraldine Bonilla y reforzar la coordinación en materia de seguridad.
Coordinación en Sinaloa
La mandataria señaló que el objetivo es ratificar los mecanismos de colaboración con el gobierno estatal para preservar la seguridad en la entidad, en un contexto marcado por investigaciones en curso.
#Mañanera360 | La presidenta @Claudiashein solicitó al @GabSeguridadMX asistir a la gobernadora interina de Sinaloa, luego de la licencia que el exgobernador del estado, Rubén Rocha Moya, solicitó, lo que dio pie a que se estableciera una gobernadora interina acorde a la… pic.twitter.com/IH2Nijr1KP
— Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 4, 2026
Extradición: México pide pruebas
Sobre la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para la detención con fines de extradición de Rocha Moya y otros funcionarios, Sheinbaum explicó que se pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores gestionar información adicional.
A su vez, la Fiscalía General de la República solicitó más elementos, al considerar que no se han presentado pruebas suficientes que acrediten la urgencia de la petición.
“La Cancillería plantea: ¿por qué es tan urgente?, ¿qué pruebas tienen?”, expuso.
La presidenta detalló que el caso se originó en una corte del distrito sur de Nueva York, desde donde se solicitó la detención provisional.
Defensa de la soberanía
Sheinbaum subrayó que la soberanía nacional es un principio no negociable.
“Nunca en la historia habían pedido con urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador… debe prevalecer la verdad, la justicia y la soberanía”.
También cuestionó la difusión pública del caso, al señalar que este tipo de procesos suelen manejarse con confidencialidad.
Respuesta a críticas y contexto político
La mandataria rechazó señalamientos en torno a su visita a Palenque, al afirmar que formaba parte de una agenda previamente programada. Incluso, consideró que algunos cuestionamientos tienen un trasfondo de misoginia.
Asimismo, acusó que, tras la solicitud de extradición, se ha impulsado una campaña para vincular a su movimiento con actos de corrupción.
“Nosotros no protegemos a nadie. Llegamos al poder para acabar con el régimen de corrupción”, afirmó.
Proceso legal en curso
El gobierno federal explicó que existe confusión entre dos figuras legales contempladas en el tratado bilateral:
- Solicitud formal de extradición
- Solicitud de aprehensión con fines de extradición por urgencia
En este caso, se trataría de la segunda, pero —según la postura oficial— la urgencia no está plenamente justificada.
Una vez que se presenten más pruebas, iniciaría un plazo de 60 días para que la Fiscalía turne el caso a un juez, quien determinará si procede la detención.
La presidenta reiteró que el proceso debe resolverse con base en la ley, garantizando tanto la justicia como el respeto a la soberanía nacional.