El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el gobierno federal no tiene indicios que vinculen al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado, como lo han señalado autoridades de Estados Unidos.
Sin sospechas ni obstrucciones
En conferencia desde la Novena Zona Militar en Culiacán, el funcionario afirmó que durante la actual administración siempre existió coordinación en materia de seguridad con el gobierno estatal.
“Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio… nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del gobierno del estado”, sostuvo.
🔴Omar García Harfuch detalla medidas de seguridad de Rubén Rocha Moya; no fue una solicitud, sino una recomendación que tuviera escoltas.
— Azucena Uresti (@azucenau) May 4, 2026
El secretario de Seguridad evitó decir el número de elementos debido a ser un tema confidencial.
“No tenemos ningún indicio o dato de que… pic.twitter.com/4D8xpk4fKN
Protección preventiva
García Harfuch explicó que Rocha Moya permanece en Sinaloa y cuenta con un esquema de seguridad a cargo de la Guardia Nacional.
Detalló que:
- El número de elementos es reducido
- Se definió tras una evaluación de riesgo del Servicio de Protección Federal
- No fue solicitado por el propio mandatario
Aclaró que, hasta el momento, no existen amenazas identificadas en su contra.
Sin fuero constitucional
El titular de Seguridad indicó que, tras dejar el cargo, el gobernador con licencia ya no cuenta con fuero constitucional, aunque precisó que será la Fiscalía General de la República la instancia que confirme este punto.
Sin protección para otros funcionarios
Finalmente, descartó que otros funcionarios o exfuncionarios mencionados en investigaciones en Estados Unidos —incluido el senador Enrique Inzunza— hayan solicitado o cuenten con protección de la Guardia Nacional.
El funcionario reiteró que las acciones del gabinete de seguridad se han basado en resultados operativos y coordinación institucional, sin detectar irregularidades en la actuación del gobierno estatal.