La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa tendrían un trasfondo político si no existen pruebas claras.
Defensa de soberanía y debido proceso
Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que no se protegerá a nadie si hay elementos que acrediten responsabilidades. Sin embargo, advirtió que México no permitirá injerencias externas.
“Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”.
Añadió que cualquier acción deberá apegarse a la ley mexicana y a las instituciones nacionales.
Intervención de la FGR
Sheinbaum explicó que la Fiscalía General de la República será la encargada de analizar la información enviada por autoridades estadounidenses y determinar si existen elementos para proceder legalmente.
La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió el 28 de abril solicitudes de detención con fines de extradición contra 10 ciudadanos mexicanos y, al día siguiente, turnó la documentación a la fiscalía.
🚨“Verdad, justicia y defensa de la soberanía”, dice la presidenta Claudia Sheinbaum tras acusaciones de EU contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios mexicanos
— Azucena Uresti (@azucenau) April 30, 2026
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es… pic.twitter.com/iK4Sfa7xzL
Señalamientos y contexto inédito
Entre los señalados se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de otros funcionarios en activo.
La presidenta calificó el caso como “inédito”, al señalar que nunca antes el Departamento de Justicia de Estados Unidos había solicitado la extradición de autoridades en funciones en México.
También cuestionó que, hasta ahora, el único elemento difundido públicamente sean imágenes de supuestos pagos de sobornos escritos a mano.
“Nosotros no vamos a proteger a nadie… pero si esas pruebas no están, la pregunta es: ¿cuál es la motivación?”
Posición oficial del gobierno
En un comunicado, la titular del Ejecutivo reiteró que, si la fiscalía recibe pruebas contundentes e irrefutables, deberá proceder conforme a la legislación mexicana. En caso contrario, sostuvo, las acusaciones responderían a intereses políticos.
“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
La presidenta enfatizó que la postura del gobierno se basa en tres principios: verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional.