Un tribunal colegiado concedió un amparo a dos trabajadores afiliados al Sindicato Nacional Minero, lo que los exonera del delito de despojo que les imputó una organización patronal vinculada a la minera Ocampo Mining Tayahua, filial de Grupo Frisco, en Mazapil, Zacatecas.
La resolución revoca la sentencia condenatoria dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas contra los mineros de la sección 334, quienes habían sido acusados de despojar la planta ubicada en ese municipio.
Fallo reconoce conflicto sindical
Los magistrados votaron a favor del proyecto de la magistrada presidenta Viridiana Valle, quien propuso otorgar el amparo liso y llano a los trabajadores al considerar que se trató de un conflicto democrático sindical.
“En el caso que nos ocupa no está demostrada la existencia del elemento subjetivo del dolo consistente en usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble (...) por lo que en todo caso se trató de un conflicto democrático al interior de una sección de un sindicato”, resolvió el tribunal.
Defensa y contexto laboral
Nahir Velasco, coordinador jurídico del sindicato nacional minero, destacó la labor del despacho legal que llevó el caso y logró la protección federal para los obreros, dejando sin efectos el delito que se les atribuía.
Explicó que los trabajadores se organizaron para buscar mejores condiciones laborales y disputar el contrato colectivo de trabajo (CCT) a otro grupo sindical, lo que derivó en denuncias penales en su contra.
Recuento sindical y respaldo de trabajadores
De acuerdo con el sindicato, en al menos tres ocasiones los obreros han respaldado al Sindicato Nacional de Mineros, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, para mantener la titularidad del contrato colectivo.
En el recuento de 2022:
- Participaron 614 mineros
- 457 votaron por el sindicato nacional
- 136 lo hicieron por el grupo rival
Velasco señaló que las acusaciones por despojo surgieron tras la pérdida del contrato colectivo por parte del otro sindicato, lo que calificó como una acción “vengativa” contra los trabajadores que impulsaron el cambio mediante procesos democráticos.