Un juez federal de Estados Unidos determinó este miércoles que la política de la administración del presidente Donald Trump, que permite la deportación acelerada de migrantes a países distintos al de su origen sin una oportunidad real de exponer temores de persecución o tortura, es ilegal y debe ser derogada.
Resolución judicial y suspensión temporal
El juez federal de distrito Brian Murphy, con sede en Boston, emitió un fallo definitivo que invalida la política del Departamento de Seguridad Nacional. No obstante, suspendió la entrada en vigor de la resolución por 15 días, a fin de que el Gobierno presente un recurso, dada la “importancia y la historia inusual” del caso.
Murphy fue nombrado por el ex presidente demócrata Joe Biden.
Intervenciones del máximo tribunal
El caso, según el Gobierno, terminará por resolverse en la Suprema Corte de Estados Unidos, que ya ha intervenido en dos ocasiones. Primero, al levantar una orden judicial preliminar dictada en abril por Murphy para proteger los derechos procesales de migrantes enfrentados a deportaciones a terceros países; y después, al permitir el traslado de ocho hombres a Sudán del Sur.
Países de destino cuestionados
Mientras estuvo vigente la orden judicial previa, se frenaron los intentos del Gobierno por enviar migrantes a países distintos de su lugar de origen, entre ellos Sudán del Sur, Libia y El Salvador.
