Durante la década de 1970, una agencia federal de Estados Unidos responsable de brindar atención médica a comunidades indígenas esterilizó a miles de mujeres sin su consentimiento pleno e informado, privándolas de la posibilidad de formar o ampliar una familia. Décadas después, el estado de Nuevo México se prepara para investigar ese episodio y su impacto persistente.
Esta semana, legisladores estatales aprobaron una medida para que el Departamento de Asuntos Indígenas y la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer analicen el origen, alcance y consecuencias actuales de las esterilizaciones forzadas y coaccionadas practicadas por el Servicio de Salud Indígena y otros proveedores. El informe final deberá presentarse al gobernador a finales de 2027.
“Es importante que Nuevo México comprenda las atrocidades que ocurrieron dentro de las fronteras de nuestro estado”,
afirmó la senadora estatal Linda López, una de las impulsoras de la legislación.
Antecedentes en otros estados
Nuevo México no es el primer estado en revisar este tipo de abusos. En 2023, Vermont creó una comisión de verdad y reconciliación para investigar la esterilización forzada de grupos marginados, incluidos indígenas. Un año después, California comenzó a pagar indemnizaciones a personas esterilizadas sin su consentimiento en prisiones y hospitales estatales.
Además, la Legislatura de Nuevo México sentó las bases para la creación de una comisión de sanación independiente y para un reconocimiento formal de una parte poco documentada de la historia que sigue afectando a familias indígenas.
La profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Kansas, Sarah Deer, consideró que la iniciativa llega con retraso.
“Las mujeres de estas comunidades son portadoras de estas historias”,
subrayó.
Una historia inquietante
En 1972, Jean Whitehorse ingresó a un hospital del Servicio de Salud Indígena en Gallup por una apendicitis. Tenía 22 años y acababa de dar a luz.
“La enfermera me puso el bolígrafo en la mano. Simplemente firmé en la línea”,
recordó Whitehorse sobre los formularios de consentimiento que le presentaron antes de la cirugía.
Años después, al intentar concebir un segundo hijo, supo que durante aquella intervención le habían practicado una ligadura de trompas. Dijo que la noticia la devastó, contribuyó a la ruptura de su relación y la llevó a una etapa de alcoholismo.
Denuncias y cifras oficiales
Desde entonces, organizaciones y activistas denunciaron casos similares. El grupo Mujeres de Todas las Naciones Rojas, vinculado al Movimiento Indígena Americano, se formó en parte para visibilizar estas prácticas.
En 1974, la médica choctaw y cherokee Connie Redbird Uri revisó expedientes del IHS y denunció que hasta 25% de las mujeres indígenas en edad fértil habían sido esterilizadas. Algunas no sabían que habían sido sometidas al procedimiento; otras afirmaron haber sido presionadas o engañadas.
Las denuncias derivaron en una auditoría de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, que concluyó que entre 1973 y 1976 el IHS esterilizó a 3 mil 406 mujeres en cuatro de sus 12 áreas de servicio, incluida Albuquerque. El informe detectó casos de pacientes menores de 21 años y consentimientos que no cumplían con la normativa federal.
Contar la historia sin revictimizar
Whitehorse guardó silencio durante casi cuatro décadas antes de compartir su experiencia, primero con su hija y luego con otros familiares.
“Cada vez que cuento mi historia, se alivia la vergüenza, la culpa. Ahora pienso, ¿por qué debería avergonzarme? Es el gobierno el que debería avergonzarse de lo que nos hicieron”,
afirmó.
En 2025, testificó ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y exigió una disculpa formal a Estados Unidos.
No obstante, activistas como Rachael Lorenzo, directora ejecutiva de Indigenous Women Rising, advirtieron que la investigación debe realizarse con cuidado para evitar la revictimización.
“Es un tema muy tabú. Se necesita mucho apoyo cuando contamos estas historias traumáticas”,
señaló.
Un daño que persiste
En una audiencia legislativa reciente, el médico retirado del IHS Donald Clark declaró que aún atiende a mujeres jóvenes que desconfían de métodos anticonceptivos permanentes por relatos transmitidos por sus abuelas, madres y tías.
“Sigue siendo un problema que afecta la elección de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres hoy en día”,
afirmó.
Expertas como Deer y Lorenzo señalaron que estas prácticas se inscriben en un patrón histórico de políticas federales que han vulnerado la autonomía reproductiva de los pueblos indígenas, desde los internados forzados hasta restricciones como la Enmienda Hyde de 1976.
Aunque la investigación de Nuevo México podría abrir la puerta a la rendición de cuentas, especialistas advirtieron que sin la cooperación del gobierno federal, el alcance de la comisión será limitado.