La Fiscalía General del Estado de Guanajuato investiga un presunto segundo hackeo a su sistema de información, tras reportes sobre la posible sustracción de 336 mil expedientes relacionados con casos de violencia contra mujeres.
La institución informó que, ante la difusión de esta versión, activó un protocolo de revisión técnica y exhaustiva, además de iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Los datos que habrían sido vulnerados pertenecen al Banco Nacional de Víctimas, administrado por el Centro de Justicia para las Mujeres de la fiscalía.
De acuerdo con la FGE, este banco permite acceso controlado a usuarios de instituciones externas y cuenta actualmente con 56 instituciones participantes y 4 mil 453 usuarios registrados.
La fiscalía reconoció la inquietud que genera una posible filtración de información sensible y señaló que personal especializado en ciberseguridad realiza una evaluación integral de la infraestructura tecnológica para verificar su integridad, seguridad y funcionamiento.
Advirtió que cualquier acceso indebido, uso irregular o difusión no autorizada de información vinculada a casos de violencia contra mujeres podría constituir un delito y representar una forma de revictimización.
La FGE, encabezada por Gerardo Vázquez Alatriste, reiteró su compromiso de proteger los datos personales y mantener la confidencialidad de la información bajo los más altos estándares técnicos.
Antecedente de 2024
A finales de noviembre del año pasado, el fiscal negó inicialmente un hackeo al sistema; sin embargo, posteriormente se abrió una carpeta de investigación por la difusión de archivos oficiales. En ese momento, la dependencia informó que 1.7 por ciento de la infraestructura tecnológica había resultado vulnerada y que la información ya había sido restablecida.
Revisión en el Congreso
El caso fue llevado al pleno del Congreso local, donde la diputada de Morena Hades Aguilar Aguirre solicitó una auditoría integral al ejercicio fiscal 2025 de la fiscalía y a la partida presupuestaria E030 Efectividad del sector de procuración de justicia, que asciende a 4 mil 457 millones de pesos.
La legisladora pidió revisar particularmente los recursos destinados a seguridad informática, entre ellos el proyecto Fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal, con un presupuesto de 151 millones de pesos, orientado a la adquisición de licencias para la operatividad y resguardo de información.