La Alianza de Organizaciones por la Justicia Social advirtió que al menos 132 empresas y ranchos agrícolas en San Quintín contratan a jornaleros sin prestaciones ni seguridad social, mediante el pago diario en efectivo bajo el esquema conocido como “saliendo y pagando”.

De acuerdo con activistas, jornaleros y especialistas, estas fincas pequeñas abastecen a grandes empresas exportadoras que venden productos al mercado de Estados Unidos bajo una modalidad de asociados, en la que no asumen responsabilidad por la contratación del personal, sino únicamente por la calidad del producto entregado.

Subcontratación sin derechos laborales

Si bien las empresas exportadoras cumplen con la afiliación al Seguro Social, al ser un requisito del Departamento del Trabajo estadunidense, las granjas proveedoras no lo hacen, lo que deja a miles de trabajadores fuera del sistema de seguridad social.

Según las fuentes consultadas, todos los ranchos que abastecen a firmas como Berrymex y Los Pinos operan bajo este esquema irregular, que implica contratación a través de intermediarios, pagos en efectivo y ausencia de contratos laborales.

“Este sistema debe erradicarse. Se contrata a jornaleros sin contratos colectivos ni individuales, no están afiliados al IMSS y no pueden pensionarse tras años de trabajo”, señaló Mario Octavio López, dirigente del movimiento.

Altas y bajas irregulares en el IMSS

El activista explicó que, incluso en los casos en que los jornaleros son afiliados al IMSS, la práctica es irregular:

“El patrón los da de alta y los da de baja una semana después. Hemos hecho llamados a las empresas agrícolas para que cumplan con la afiliación al Seguro Social”.

La contratación ilegal se realiza a través de enganchadores, quienes trasladan a los trabajadores en autobuses desde distintas comunidades hacia los campos agrícolas en la madrugada. Tras la jornada, los pagos se realizan en efectivo, una vez contabilizada la pizca individual, con un porcentaje entregado a cada trabajador.

Plan de Justicia para San Quintín

Ante esta situación, se presentó el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, que contempla:

• La operación de un Centro de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
• La certificación de empleadores agrícolas exportadores, para garantizar la seguridad social de los trabajadores.
• La instalación de un Centro Integrador en el predio Las Escobas, que funcionará como centro de gobierno en coordinación con la delegada de Programas para el Bienestar, Carmen Antuna.

López advirtió que el plan solo será viable con la participación activa de todos los actores involucrados, y reiteró que la erradicación de estas prácticas es indispensable para garantizar derechos laborales y justicia social para los jornaleros agrícolas de la región.