La Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y al Instituto Nacional Electoral (INE) para que investiguen a la empresa Sandra Cuevas Diamond Group, propiedad de la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, por un presunto financiamiento indebido en actos de precampaña y campaña.
Posible promoción anticipada
Además, la Comisión avaló dos procedimientos administrativos sancionadores contra Sandra Cuevas Nieves, luego de que en agosto de 2025 encabezó un evento difundido en redes sociales y medios de comunicación, en el que:
- Anunció la creación de un nuevo partido político
- Expresó su intención de contender por la Jefatura de Gobierno en 2030
Las indagatorias también incluyen a Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, coordinador del movimiento que busca constituirse como agrupación política.
Tras el análisis de las pruebas, el IECM determinó que éstas:
“Generan indicios sobre la intención de posicionar a Sandra Cuevas para contender por un cargo de elección popular en el proceso electoral 2029-2030”.
Añadió que los mensajes difundidos podrían constituir:
“Manifestaciones que pudieran traducirse en promoción y posicionamiento anticipado en favor de ella, quien presuntamente podría ser postulada como candidata a la Jefatura de Gobierno por la organización México Nuevo”.
Revisión ordenada por el Tribunal Electoral
La consejera Sonia Pérez explicó que inicialmente las denuncias fueron desechadas por la lejanía del proceso electoral; sin embargo, tras una impugnación de Movimiento Ciudadano, el Tribunal Electoral local ordenó reanalizar el caso.
Otros funcionarios bajo investigación
La Comisión de Quejas también inició procedimientos sancionadores contra otros servidores públicos:
- Guillermo Ruiz Tomé, concejal panista en Álvaro Obregón, por presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, tras la entrega de calentadores solares y tinacos con su nombre e imagen.
- Los diputados Diana Barragán (PT), Fernando Zárate (Morena), María del Rosario Morales (Morena) y la legisladora federal Carina Piceno (Morena), por posibles violaciones a las reglas de difusión de informes de labores.
En el caso de la diputada petista, se aprobaron medidas cautelares para retirar propaganda que excedió los plazos legales de difusión.



