La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso fin este domingo a un conflicto agrario histórico de más de 80 años entre comunidades indígenas, al encabezar la entrega de la documentación oficial que otorga vida jurídica al ejido Nuevo Cruz del Palmar, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.

El acto se realizó en esta nueva comunidad, ubicada a 12 kilómetros del centro histórico del municipio, y marcó el cumplimiento de uno de los compromisos del Plan de Justicia para los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro.

En San Miguel de Allende, Guanajuato, con el Plan de Justicia para los pueblos chichimeca y otomí saldamos una deuda histórica al entregar el reconocimiento al ejido Nuevo Cruz del Palmar; termina un conflicto agrario que se prolongó por más de 80 años.

Los pueblos indígenas son… pic.twitter.com/XiEqzQqhDW

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 18, 2026

Reconocimiento y perdón a pueblos indígenas

Durante el evento, la mandataria subrayó que esta acción representa un paso más de la Cuarta Transformación (4T) en el reconocimiento del Estado mexicano y en la petición de perdón a los pueblos indígenas por siglos de despojo, exclusión y opresión.

“Es la resolución pacífica de un conflicto histórico y el reconocimiento de las tierras indígenas. Así inició en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador… con el Plan de Justicia del pueblo yaqui, pidiendo perdón por las atrocidades cometidas durante muchos años contra los pueblos originarios”, expresó Sheinbaum.

Añadió que este reconocimiento se amplía a todos los pueblos indígenas y que el Estado mexicano continuará insistiendo en este proceso de justicia histórica.

Fin de un conflicto de más de ocho décadas

El nuevo ejido Nuevo Cruz del Palmar, con una extensión de 569 hectáreas, puso fin al conflicto agrario entre el ejido La Petaca y la comunidad de La Cruz del Palmar. En el acto, la presidenta entregó el expediente agrario y el padrón vigente de ejidatarios del nuevo núcleo agrario, ya integrado formalmente al municipio de San Miguel de Allende.

Derechos indígenas en la Constitución

Sheinbaum destacó que el Plan de Justicia se desarrolla en el contexto de la Cuarta Transformación, un momento histórico en el que, por primera vez desde la Independencia de México, la Constitución reconoce plenamente a los pueblos indígenas y afrodescendientes como sujetos de derechos, con autonomía y capacidad de decisión sobre su territorio y desarrollo.

Señaló que, a diferencia de las constituciones surgidas de la Independencia, la Reforma y la Revolución, la reforma constitucional de 2024 incorpora de manera expresa estos derechos, resultado de una lucha histórica y de una visión de Estado basada en el humanismo mexicano.

“Nunca se reconoció en esas tres constituciones a los pueblos indígenas. Es ahora, en la 4T y en 2024, cuando la Constitución reconoce plenamente la autonomía y los derechos de las comunidades indígenas”, afirmó.

Avances del Plan de Justicia

Entre los avances más relevantes del Plan de Justicia, la presidenta destacó:

• La resolución pacífica del conflicto agrario y la creación del ejido Nuevo Cruz del Palmar.
• La recuperación de la capilla del Puerto de Calderón, como rescate del patrimonio cultural y espiritual.
• La construcción de cinco comedores escolares.
• La realización de un encuentro de parteras y la puesta en marcha del Centro de Excelencia en Partería y Bienestar en San Miguel de Allende, respaldado por una nueva normativa que reconoce el valor histórico y social de esta labor.

Programas sociales y bienestar

En materia de bienestar social, informó que se han otorgado apoyos a 712 jóvenes mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, además de la entrega de 1,123 apoyos de vivienda y la incorporación de las comunidades a los programas federales de bienestar.

Un avance estructural relevante es la implementación del Fondo para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), un derecho ya reconocido en la Constitución, mediante el cual las comunidades indígenas y afrodescendientes reciben presupuesto directo anual.