Por primera vez en la historia de México, una norma constitucional fue traducida a 65 lenguas indígenas, con el fin de acercar la reforma al artículo 2 a los pueblos indígenas y afromexicanos, informó Adelfo Regino Montes, titular del INPI.
El objetivo es que las comunidades conozcan la reforma en su propia lengua y comprendan plenamente su significado. Regino destacó que el proceso implicó semántica jurídica, algo inédito en México y en el mundo.
“La conozcan en la propia lengua, pero, sobre todo, el significado que tiene esta norma… Hicimos semántica jurídica; es un hito”,
señaló el funcionario.
¡En cumplimiento del mandato constitucional el @GobiernoMX trabaja en la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos!
— Adelfo Regino Montes (@DEELAYUUK) December 6, 2025
Por primera vez en la historia, se entrega de manera directa un recurso público a los pueblos y comunidades indígenas y… pic.twitter.com/8VLVlquPG6
Cómo se realizó la traducción
La labor comenzó a finales del año pasado, tras la publicación de la reforma. El proceso incluyó:
- Selección de traductoras y traductores acreditados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Universidad de las Lenguas Indígenas.
- Identificación de conceptos clave como:
- libre determinación
- autonomía
- sistemas normativos indígenas
- jurisdicción indígena
- propiedad intelectual colectiva
- tierras, territorios y recursos naturales
- Participación de un especialista en derechos indígenas para garantizar la correcta interpretación jurídica.
Regino subrayó que no se trató solo de traducir palabras, sino de interpretar el lenguaje jurídico conforme al contexto cultural de cada comunidad.
Difusión y siguientes pasos
Las versiones serán difundidas a través de:
- La revista México Indígena
- 23 radiodifusoras indígenas comunitarias
- Publicaciones y medios del INPI
El titular del instituto señaló que ya se elabora la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, respaldada por un comité técnico asesor de 20 especialistas (10 mujeres y 10 hombres).
Hacia una ley histórica
Para asegurar la legitimidad social del proceso —y en cumplimiento de la ley— se prevé realizar 70 asambleas regionales de consulta en enero o febrero en todas las regiones del país.
“Llevamos 200 años de existencia del Estado mexicano y no hay una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”,
afirmó Regino.
La intención es que la Presidenta envíe la iniciativa al Congreso para su análisis y eventual aprobación.