El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exigieron al Poder Judicial de Chiapas poner fin a las violaciones sistemáticas contra Osmán Iván Rubio Bonilla, ciudadano hondureño sobreviviente de tortura, y ordenarle la libertad inmediata.
Rubio Bonilla fue absuelto del delito de homicidio el pasado 4 de noviembre, tras 14 años y seis meses de prisión, pero continúa recluido en el penal de Tapachula debido a otras carpetas de investigación que también derivan —señalan las organizaciones— de declaraciones obtenidas bajo tortura.
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— Frayba Derechos Humanos (@CdhFrayba) December 4, 2025
📢El caso de Osmán es un símbolo de la violencia institucional y el racismo. Su libertad no es una concesión: es un derecho arrebatado por la tortura y la arbitrariedad. Exigimos su liberación inmediata🔗https://t.co/U61pZ6oLzg pic.twitter.com/RftLm3MgGb
Detención arbitraria y tortura documentada
Ambas organizaciones recordaron que Rubio fue detenido el 2 de mayo de 2011 en Huixtla por policías municipales, estatales y fronterizos sin orden de aprehensión. De acuerdo con su testimonio, durante la detención fue sometido a golpes, asfixia con agua, descargas eléctricas, privación sensorial y amenazas hasta autoinculparse.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó lesiones compatibles con tortura y emitió en 2020 la Recomendación 013/2020-R, rechazada por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“Los procesos penales en su contra derivan de confesiones bajo coacción y de irregularidades documentadas”, señalaron ambas organizaciones.
Procesos plagados de irregularidades
De acuerdo con el Frayba y la OMCT, Rubio enfrenta tres procesos penales:
- Privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada: causa sin sentencia desde hace más de 13 años.
- Homicidio calificado: sentencia basada en confesiones ministeriales; revocada en 2024 para investigar tortura; absuelto en noviembre de 2025.
- Portación de arma de fuego: fue absuelto en 2014.
Las organizaciones denunciaron fabricación de pruebas, peritajes manipulados, contradicciones en partes policiales y falta de investigación de la tortura, además de racismo y ausencia de asistencia consular.
Caso ante la ONU y llamado urgente
En agosto de 2024, ambas agrupaciones llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde quedó registrado en abril de 2025 y aún espera resolución.
Las organizaciones insistieron en que el caso refleja la violencia institucional que persiste en México:
“Su libertad no es una concesión, es un derecho. Cada día que permanece encarcelado prolonga la injusticia”.
Exigieron una investigación imparcial, reparación integral y la liberación inmediata e incondicional de Osmán Iván Rubio Bonilla.