Una delegación mexicana integrada por luchadoras sociales y representantes de organizaciones civiles arribó ayer a Washington DC para iniciar una agenda de incidencia política en torno a la próxima revisión del T-MEC. Su objetivo es presentar, ante el Congreso de Estados Unidos y la opinión pública, una visión alternativa al enfoque oficial, que califican como limitado y centrado en intereses productivistas.
Más allá del enfoque exportador
El gobierno mexicano sostiene que “el tratado ayuda a las tres economías”. Sin embargo, organizaciones como Global Exchange, coordinadora de esta gira, advierten que el T-MEC ha profundizado problemas como:
- Migración forzada
- Desigualdad
- Extractivismo corporativo
- Violación de derechos humanos y territoriales
“La visita busca denunciar cómo las políticas comerciales han profundizado estas crisis”, señaló Tania del Moral, coordinadora de la gira.
Tratado, soberanía y poder corporativo
Aunque el T-MEC introdujo cambios respecto al TLCAN de 1994, especialistas insisten en que aún representa una amenaza para la soberanía nacional debido a mecanismos que favorecen a grandes corporaciones de sectores como el energético, automotriz, agroindustrial y tecnológico.
Un ejemplo es la intención de restablecer el sistema de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS), eliminado entre EU y Canadá, pero vigente aún entre México y Estados Unidos en sectores estratégicos.
Este mecanismo permite a empresas extranjeras demandar a gobiernos ante tribunales internacionales, como ocurrió con la minera Legacy Vulcan LLC, que opera la polémica mina Calica en Playa del Carmen.
Presiones y advertencias desde Estados Unidos
Un grupo de influyentes CEO de empresas como Apple, GM, Walmart y JP Morgan pidió a Trump restituir por completo el ISDS, alegando que México ha favorecido a sus empresas estatales.
En una carta enviada al representante comercial de Estados Unidos, la poderosa Business Roundtable también exigió que México elimine medidas que —aseguran— afectan a la inversión estadounidense en sectores como energía, telecomunicaciones y aviación.
Defensa desde abajo
La delegación mexicana representa a comunidades en resistencia desde Quintana Roo hasta Chihuahua y busca posicionar una agenda basada en justicia social y ambiental. Traen consigo la Declaratoria Conjunta del Encuentro Nacional frente al T-MEC, donde se exige:
- Revisar a fondo el tratado
- Eliminar completamente el mecanismo inversionista-Estado
- Priorizar derechos laborales y ambientales
“Ni un paso atrás. Basta de ceder privilegios a la inversión extranjera.”
La demanda principal de la mesa ambiental es clara: que México siga el ejemplo de EU y Canadá e impida la reactivación del ISDS en cualquier modalidad.