Con más de 350 procesos judiciales en seis años, 135 excusas de jueces, un centenar de restituciones sin cumplir y más de 80 ejecutorias federales a su favor, Elisa Concepción Celis González enfrenta uno de los casos de violencia vicaria más documentados e impunes del país.

Su ex pareja, el empresario Diego Romo González, heredero de Tequila Herradura —empresa vendida en 2006 por 876 millones de dólares— y actual inversionista inmobiliario, ha utilizado su poder económico y político para evadir la justicia y mantener alejados a sus hijos, Marcelo y Patricio, de su madre.

“Vivo terrorismo legal por la corrupción institucional. El sistema judicial ha permitido que mis hijos sean utilizados como armas en un ciclo interminable de violencia vicaria”, denuncia Elisa, de 52 años.

Una lucha interminable en los tribunales

Elisa convivió con Romo durante 20 años. La relación terminó en 2018 y, tras un acuerdo judicial, él debía pasar un mes con los menores. Sin embargo, aprovechó ese tiempo para retener ilegalmente a los niños y demandar la custodia bajo acusaciones falsas.

Aunque la jueza negó su solicitud inicial, Romo insistió con nuevos procesos. El caso ha pasado por 10 de los 13 juzgados familiares de Jalisco, con la intervención de 26 jueces locales y cuatro federales.

“Fue terrible: enfrenté demandas, amparos y denuncias. Los jueces se han excusado más de 135 veces para no cumplir las sentencias que ordenan la restitución de mis hijos”, relata Elisa.

Un tribunal federal ordenó devolverle a los niños en 24 horas, pero la orden tardó más de tres años en cumplirse.

Huidos y sin escuela

Durante ese tiempo, Diego Romo llevó a sus hijos de un estado a otro para evitar su restitución. Cuando Elisa logró recuperarlos brevemente en 2022, encontró que vivían en condiciones precarias y con signos de maltrato.

“Pasaban frío, hambre y sueño. Sufrían abandono y violencia emocional”, cuenta.

Los niños dejaron de asistir a la escuela; el menor se quedó en tercero de primaria. Romo asegura que estudian en una supuesta plataforma digital llamada DigiTalent School, pero Elisa planea denunciar ante la SEP la validez de esos documentos.

“Mis hijos jamás volvieron a tener una vida normal. No van al médico porque su padre dice que no cree en los medicamentos”, afirma.

Corrupción, poder e impunidad

Según Elisa, Romo cuenta con protección política en Jalisco, primero bajo el gobierno de Enrique Alfaro y ahora bajo la administración de Pablo Lemus Navarro, quien se deslindó del caso argumentando que “es asunto del Poder Judicial”.

El empresario ha llegado a ofrecerle 15 millones de pesos a cambio de la custodia de su hijo menor, lo que ella rechazó. “Les dije que hicieran lo que quisieran, pero no voy a ceder. Solo me detendrán si me matan”, asegura.

De víctima a activista

De su experiencia nació el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, que agrupa a más de 4,500 madres y 10,300 niños afectados por este tipo de violencia en México.

“La violencia vicaria no es un conflicto familiar. Es tortura institucional que destruye cuerpos, almas e infancias”, sostiene.

Su activismo ayudó a impulsar la Ley Vicaria, ya aprobada en 30 estados y a nivel federal.

A pesar de los avances legales, Elisa sigue sin poder recuperar a sus hijos. Entre lágrimas, afirma:

“Jamás dejaré de luchar por mis hijos. Aunque a Marcelo ya no lo pueda recuperar legalmente, espero que algún día regrese. Yo seguiré luchando por Patricio. Quiero que ambos sepan que los amo.”