El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que en 2026 realizará alrededor de 16 mil auditorías a contribuyentes, como parte de su plan de vigilancia fiscal, según informó el organismo al dar a conocer sus criterios de programación de auditorías.
#ComunicadoSAT
— SATMX (@SATMX) October 20, 2025
El SAT da a conocer los criterios de programación de auditorías como una práctica de transparencia proactiva, para establecer piso parejo en el cobro de las contribuciones y brindar certidumbre jurídica a las y los contribuyentes.
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Distribución de las auditorías
De acuerdo con el SAT:
- 1,200 auditorías estarán dirigidas a grandes contribuyentes, equivalentes al 6.3% de los 15,873 registrados en el país.
- 12 mil auditorías se aplicarán a pequeñas y medianas empresas, lo que representa apenas el 0.02% del padrón de 66.8 millones de contribuyentes.
- 3 mil revisiones corresponderán a empresas de comercio exterior, es decir, el 2.5% de las 116,467 inscritas en ese rubro.
Transparencia y control
El organismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda, señaló que estos criterios buscan fortalecer la transparencia, garantizar un trato equitativo en el cobro de impuestos y brindar certeza jurídica a los contribuyentes.
“A partir de la identificación de dichas conductas se prioriza el inicio de auditorías a los contribuyentes que presentan mayores calificaciones de riesgo”, indicó el SAT.
Conductas de alto riesgo
El SAT precisó que las auditorías se centrarán en contribuyentes con posibles irregularidades fiscales, como:
- Operaciones con factureras o nomineras.
- Pérdidas fiscales recurrentes o deducciones simuladas.
- Ingresos no declarados o abuso de estímulos fiscales.
- Inconsistencias entre importaciones, compras y ventas.
- Precios por debajo del mercado en importaciones.
- Incumplimiento de regulaciones no arancelarias.
- Operaciones con paraísos fiscales o retenciones no pagadas.
- Devoluciones improcedentes y tasas efectivas menores al promedio del sector.
El SAT subrayó que su objetivo es detectar y sancionar las prácticas que representan mayor riesgo fiscal para el país.


