Los abogados que representan a los activistas de la Global Sumud Flotilla en Israel denunciaron que muchos de ellos no están recibiendo tratamientos médicos vitales, y alertaron que entre los detenidos hay personas con cáncer, enfermedades cardiacas o hipertensión.
“Hasta ayer se les ha negado el tratamiento médico y los medicamentos que necesitaban, incluidas prescripciones esenciales que podrían poner en peligro su vida”, indicó el grupo de abogados Adalah en un comunicado este domingo.
Condiciones de detención
Los abogados visitaron a más de 80 activistas y asistieron a vistas en la prisión de Ktzi’ot, en el desierto del Néguev. Denunciaron deficiencias en el agua y la alimentación, e incluso algunos participantes no han recibido comida desde su detención entre el 1 y 2 de octubre en aguas internacionales.
“Están retenidos en celdas hacinadas y algunos han tenido que dormir en el suelo en condiciones insalubres”, señaló Adalah.
Los activistas también reportaron interrogatorios por personas no identificadas, maltratos y abusos de los guardias, violencia física y vendajes en los ojos por largos periodos. Una mujer fue obligada a quitarse el hiyab y solo recibió una camiseta como sustituto, y otros denunciaron restricciones a sus oraciones.
Además, hasta 87 activistas no han podido recibir asesoramiento legal y varios no han tenido contacto telefónico con sus familiares.
Violaciones al derecho internacional
Adalah calificó estas circunstancias como graves abusos y violaciones claras de los derechos según el Derecho Internacional, que se suman a los maltratos sufridos durante la intercepción ilegal de los barcos en aguas internacionales.
Entre el 1 y 2 de octubre, las fuerzas militares israelíes interceptaron más de 40 barcos de la flotilla, que transportaban ayuda humanitaria y unos 500 activistas de decenas de países con intención de llegar a la Franja de Gaza, a pesar del bloqueo impuesto por Israel.
Los barcos fueron llevados al puerto de Ashdod, donde los activistas fueron procesados por entrada ilegal al país. Algunos ya fueron deportados tras firmar una declaración reconociendo su ingreso ilegal.