El coordinador General de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, fijó la postura del Ejecutivo federal respecto al artículo transitorio de la reforma a la Ley de Amparo, aprobada por el Senado, y aclaró que el Gobierno no avala disposiciones contrarias a la Constitución.
No habrá retroactividad en suspensiones ya otorgadas
Zaldívar subrayó que no se busca revertir suspensiones ya concedidas bajo la ley vigente, sino que la reforma aplicará únicamente en etapas procesales futuras.
“No estamos de acuerdo con la aplicación retroactiva de la reforma. Exhortamos respetuosamente a que se aclare este artículo transitorio. Que quede claro que no se aplicará a etapas anteriores, sino a las posteriores”, enfatizó.
#PorSiTeLoPerdiste Esto fue de lo más relevante de la #mañanera de este 3 de octubre🧵:
— REFORMA (@Reforma) October 3, 2025
Arturo Zaldívar, coordinador de Política del Gobierno, sugirió a legisladores adecuar la ley de amparo para que no aplique retroactividad.https://t.co/DVDSX4F2tx pic.twitter.com/HkuwdnbnYZ
El funcionario reconoció que la redacción del artículo transitorio es confusa y genera interpretaciones sobre una posible aplicación retroactiva, pese a que la Constitución lo prohíbe expresamente.
Llamado a mayor claridad legislativa
Zaldívar destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum no impulsa leyes contrarias a la Carta Magna. Señaló que si bien el Congreso introdujo modificaciones que enriquecieron la iniciativa presidencial, la redacción del transitorio ha derivado en polémicas y descalificaciones, algunas infundadas y otras basadas en preocupaciones legítimas.
Ante ello, pidió que la redacción final sea clara y contundente, para garantizar que en cada juicio se respeten los derechos adquiridos bajo la ley vigente.
Aplicación en etapas posteriores
El coordinador explicó que, conforme a la jurisprudencia, las etapas procesales posteriores a la entrada en vigor de la reforma deberán regirse por las nuevas normas, pero sin afectar procesos ya concluidos.
Asimismo, planteó que las leyes deben redactarse de forma más pedagógica, con el fin de evitar interpretaciones erróneas que puedan generar incertidumbre jurídica.
