El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños informó que Sandra Luz Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la Guardería ABC, fue detenida en el centro de detención de Eloy, Arizona, a raíz de una orden de reaprehensión emitida en México.
La organización, conformada por familiares de los 49 niños fallecidos y más de 100 lesionados en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar que Téllez Nieves sea extraditada y cumpla con la sentencia definitiva dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Es culpable del delito de homicidio culposo y no una perseguida política, como pretenden posicionarla sus abogados en Arizona”, afirmó Juana Luna Hernández, presidenta del colectivo.
Exigen justicia y transparencia
Según el colectivo, la detención ocurrió tras activarse una ficha roja de la Interpol, derivada de la resolución judicial que obliga a Téllez Nieves a enfrentar condena en México. Sin embargo, denuncian que ninguna autoridad mexicana ha comunicado oficialmente el hecho a las víctimas o a sus representantes legales, lo que calificaron como un “silencio altamente sospechoso”.
El incendio en la Guardería ABC se originó en una bodega contigua de la Secretaría de Hacienda estatal, propagándose a la estancia subrogada al IMSS. Desde entonces, el caso ha estado marcado por acusaciones de encubrimiento e impunidad, ya que los propietarios mantenían vínculos con funcionarios de los tres niveles de gobierno durante el sexenio de Felipe Calderón.
Actualmente, una firma de abogados en EU promueve una solicitud de asilo político para Téllez Nieves, argumentando persecución del Estado mexicano, lo cual ha generado alarma entre las víctimas.
“Apelamos a la empatía y solidaridad de la presidenta Sheinbaum para que este crimen de Estado no quede impune”, expresó el colectivo.
Sin respuesta oficial
Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la República ni el Gobierno de México han emitido un pronunciamiento oficial sobre la detención. Las familias reiteraron su compromiso de seguir luchando para que la justicia alcance a todos los responsables de la peor tragedia infantil en la historia reciente del país.
