El gobierno federal y estatal avanza en la construcción del que sería el cuarto orden de gobierno, conformado por 45 comunidades indígenas regidas por usos y costumbres, con posibilidad de incorporar más en los próximos meses y años. El objetivo es fortalecer y apoyar a las poblaciones que han quedado al margen del desarrollo y el bienestar.
Foro en Pátzcuaro sobre autogobierno indígena
El presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, participaron en el foro Empoderamiento del gobierno comunal a través del 4° Orden de Gobierno, realizado este fin de semana en el pueblo de Pátzcuaro.
Como parte de la conformación del cuarto orden de gobierno en Michoacán, el gobernador del estado (@ARBedolla), me invitó a sumar con un diálogo informativo sobre los avances y retos que implica el reconocimiento de la figura de “sujeto de derecho público” dentro del Estado. pic.twitter.com/tegoXi40AK
— Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) July 20, 2025
Durante el encuentro, representantes de pueblos purépecha, otomí, nahua, matlazinca o pirinda y mazahua discutieron los avances y retos de implementar el autogobierno en áreas como justicia y seguridad, con el fin de fortalecer los acuerdos entre comunidades y autoridades estatales.
Reforma indígena y autonomía constitucional
En diciembre de 2023, el Congreso de Michoacán aprobó una reforma en materia indígena que amplía y eleva a rango constitucional al menos 22 derechos relacionados con:
- Autonomía
- Presupuesto directo
- Seguridad
El gobernador Ramírez Bedolla señaló que su administración trabaja, junto con las comunidades y el gobierno federal, en la construcción de un Plan de Justicia para Michoacán, con el propósito de avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios.
Acceso directo a recursos públicos
Por su parte, Hugo Aguilar Ortiz recordó que la reforma federal del 30 de septiembre de 2024 permite que las comunidades indígenas accedan directamente a recursos públicos para ejercer funciones colectivas.
“Antes, los municipios, estados y la federación asignaban recursos a las comunidades, pero no los ejercían directamente. Ahora se establece que las comunidades pueden asignar, administrar y ejercer sus propios recursos”, destacó.
Este cambio representa un avance significativo hacia el fortalecimiento de la autonomía indígena y el reconocimiento de su capacidad de autogestión.