La explosión de un prototipo del cohete Starship el pasado 18 de junio ha generado una creciente fricción entre el gobierno mexicano y la empresa SpaceX, de Elon Musk. Mientras México investiga los restos caídos en su territorio como posible contaminación y violación a su soberanía, la empresa reclama que son de su propiedad y exige su devolución.
El incidente
La noche del 18 de junio, durante una prueba de encendido de motores, una etapa del cohete Starship explotó en la base de lanzamiento de SpaceX en Starbase, Texas. La nave quedó destruida y fragmentos metálicos fueron esparcidos en los alrededores.
Días después, medios locales de Tamaulipas informaron que parte de los restos —entre ellos tanques de gas, piezas de aluminio y chapas de acero— habían llegado a las playas de La Burrita, en Matamoros.
Autoridades mexicanas, como Protección Civil, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente, acudieron al sitio para retirar los restos y tomar muestras de agua, arena y vegetación.
Postura del gobierno mexicano
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el suceso como un acto de “contaminación” y una posible violación a la legislación ambiental y la soberanía de México. Advirtió que su administración evaluará hacer “las demandas necesarias que tengan que hacerse” con base en leyes internacionales.
Respuesta de SpaceX
A través de una publicación en la red social X, SpaceX solicitó formalmente al gobierno mexicano la devolución de los restos:
“A pesar de los intentos de SpaceX de recuperar los restos relacionados (con la explosión), que son y siguen siendo propiedad tangible de SpaceX, estos intentos se han visto obstaculizados por partes no autorizadas que invaden nuestra propiedad privada”.
As previously stated, there are no hazards to the surrounding area. Previous independent tests conducted on materials inside Starship, including toxicity analyses, confirm they pose no chemical, biological, or toxicological risks.
— SpaceX (@SpaceX) June 26, 2025
And as is the case before any test, a safety… https://t.co/lJHGInE5vj
La empresa insistió en que “los materiales no representan riesgo químico, biológico o toxicológico”, y ofreció recursos para su limpieza. Reiteró su derecho a recuperar los fragmentos y pidió asistencia de autoridades locales y federales para facilitar el proceso.
Conflicto de narrativas
Mientras el gobierno mexicano sostiene que el caso representa un impacto ambiental y una violación legal, SpaceX lo plantea como una recuperación legítima de propiedad privada. La disputa se enmarca como un conflicto entre soberanía territorial y derechos de propiedad tecnológica.