Operativo “Restitución” expone la colusión entre autoridades y grupos criminales dedicados al despojo en 14 municipios del Estado de México.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación cn autoridades federales y estatales, desmanteló una amplia red delictiva dedicada al despojo ilegal de propiedades en al menos 14 municipios del Valle de México y la zona oriente de la entidad, a través de la llamada Operación “Restitución”.
Hasta el momento, la autoridad ha judicializado a 23 personas, entre ellas 11 objetivos prioritarios ya detenidos. Los implicados forman parte de organizaciones que operaban bajo la fachada de sindicatos: Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ), Unión 300 o Los 300, Sindicato 22 de Octubre y el grupo delictivo Los Gastones.
#Resultados. En el marco de la #OperaciónRestitución, la #FiscalíaEdoméx ejercitó acción penal en contra de tres notarios, cinco servidores públicos estatales, cuatro municipales y cumplimentó órdenes de aprehensión a 11 objetivos prioritarios integrantes de organizaciones… pic.twitter.com/cnM8WmqZ1Y
— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 31, 2025
Modus operandi: violencia, documentos falsos y complicidad oficial
De acuerdo con la FGJEM, estas organizaciones utilizaban estrategias que incluían ocupaciones ilegales, amenazas, violencia física y falsificación de documentos, con el apoyo de notarios, funcionarios municipales y estatales, así como personal del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).
Los grupos ingresaban por la fuerza a casas habitación, naves industriales, locales comerciales y terrenos. Luego, iniciaban procesos de regularización apócrifa respaldados por poderes notariales falsos, documentación alterada y registros irregulares.
Cinco servidores públicos del IFREM están imputados por registrar folios a nombre de personas sin derecho legítimo, incluso en trámites suspendidos por uso de documentos falsos. También fueron señalados dos directores de Desarrollo Urbano (Coacalco y Lerma), un exdirector de Catastro de Ecatepec, y una jefa de Mercados de Chimalhuacán, acusados de abuso de autoridad.
En total, tres notarios públicos —dos de Toluca y uno de Ecatepec— son investigados por irregularidades en actos traslativos de dominio. Las audiencias de formulación de imputación están programadas para los días 16, 25 y 27 de junio, sin detención previa.
Organizaciones y líderes detenidos
- USON: Seis integrantes fueron detenidos, incluyendo a José Carmelo “N”, acusado de extorsionar a una víctima con amenazas de muerte. Actuaban en municipios como Tecámac, Ecatepec y Zumpango, utilizando grupos armados para despojos violentos.
- GOPEZ: En Ecatepec, actuaban con presunta protección municipal y usaban notificaciones falsas para desalojar viviendas y asignarlas a sus simpatizantes.
- Unión 300 / Los 300: Vinculados a extorsión, homicidios y narcomenudeo. Su líder, “El Conejo”, fue capturado en Veracruz, y su sucesor Alberto Eduardo “N” también fue detenido.
- Sindicato 22 de Octubre: Operaban en Chalco y usaban la vulnerabilidad social para apropiarse de viviendas. Dos de sus miembros, Lourdes Yohana “N” y “El Taz”, fueron arrestados tras un tiroteo donde murieron dos cómplices.
- Los Gastones: Su líder, Brandon Salvador “N”, alias “El Gastoncito”, cobraba cuotas de protección de hasta tres mil pesos bajo amenazas a mujeres. Está vinculado a varios delitos de extorsión.
Operativo interinstitucional
La Operación “Restitución” contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como autoridades de la Ciudad de México y Veracruz.
Hasta ahora, se han formulado imputaciones contra 12 integrantes de diversas instituciones. Los delitos por los que se les investiga incluyen despojo de inmuebles, falsificación de documentos, abuso de autoridad y delincuencia organizada.
La Fiscalía continúa con las investigaciones y no se descarta que haya más detenciones y funcionarios implicados en esta red que operaba desde hace varios años, aprovechándose de vacíos legales, corrupción institucional y el uso de violencia para despojar a personas de su patrimonio.