La sentencia absolutoria que otorgó la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala a Keren Selsy Ordoñez, tras más de nueve años de prisión injusta, “sienta un precedente” para revisar otros casos similares desde una perspectiva de género, afirmó su defensa legal.

Detenida, torturada y encarcelada por un secuestro que no cometió, Keren reiteró su exigencia de justicia y anunció que evalúa emprender acciones legales, pues, aunque no hay un acceso automático a la reparación del daño, su lucha continuará.
“Me decían que si yo no firmaba iban a matar a mi hija. Cuando me la enseñaban, le ponían la pistola en la cabeza.”
Durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por su familia y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), relató el dolor vivido y expresó su felicidad por volver a abrazar a sus seres queridos: “El reencuentro con ellos fue inexplicable, una felicidad inmensa.”
Después de casi 10 años encarcelada injustamente y sentenciada por secuestro agravado, Keren Ordóñez quedó libre con una sentencia absolutoria histórica en #Tlaxcala. pic.twitter.com/1qeaBNGWPN
— Nacho Lozano (@nacholozano) April 23, 2025
También compartió su deseo de estudiar Derecho, ya que hay más mujeres privadas de la libertad en condiciones similares: “Llevan 15 años sin una sentencia.”
Además, buscarán que su hija —que tenía un mes de nacida cuando Keren fue detenida— sea reconocida como víctima, ya que fue trasladada de manera indebida de Xalapa, Veracruz, a Tlaxcala y entregada al DIF estatal. Fue devuelta 12 días después a su familia en condiciones que pusieron en riesgo su vida.
Por su parte, Neftaly Pérez, abogado del Centro Prodh, recordó que en México no existe una figura jurídica para el “error judicial” e hizo un llamado a la Fiscalía de Justicia de Tlaxcala y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se investigue la tortura que sufrió, ya que se trata de un delito que no prescribe.
Actualmente hay dos investigaciones abiertas por las graves violaciones a los derechos humanos de Keren: una iniciada en 2017 por la Fiscalía estatal por tortura, y otra abierta en 2022 por la CNDH. En ambas no se han reportado avances sustanciales.