El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, solicitó un amparo ante la justicia federal para evitar ser detenido por una posible orden de aprehensión relacionada con el presunto desvío de 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en el estado.
Un secretario en funciones de juez del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México le concedió una suspensión provisional, bajo la condición de depositar una garantía de 52 mil pesos en un plazo de cinco días. Esta medida impide que se le prive de su libertad hasta que se resuelva la solicitud de suspensión definitiva.
Aureoles, quien actualmente se encuentra prófugo, promovió el recurso el pasado 21 de abril. Lo interpuso contra actos del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, incluyendo órdenes de aprehensión, comparecencia o arresto.
El juez aclaró que, incluso si el delito amerita prisión preventiva oficiosa, la suspensión continuará vigente hasta que se resuelva de manera definitiva:
“La suspensión también impedirá que se le prive de su libertad; lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva.”
Asimismo, se requirió a las autoridades responsables que presenten sus informes en un plazo de 48 horas. De no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados y podrían ser sancionadas.
Colaboradores en prisión
En marzo pasado, cuatro exfuncionarios del gobierno de Aureoles fueron vinculados a proceso por los delitos de administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y asociación delictuosa. Permanecen en prisión preventiva justificada.
Los imputados son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia; y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción obtuvo órdenes de aprehensión contra Aureoles y siete de sus excolaboradores, relacionadas con presuntas irregularidades en el arrendamiento y posterior compra de inmuebles para establecer cuarteles en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.