Integrantes de la comunidad rarámuri Bosques de San Elías Repechique protestaron en las inmediaciones del aeropuerto regional de Creel, en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, para exigir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y al gobierno estatal, encabezado por la panista María Eugenia Campos Galván, que detengan las actividades de tala ilegal en su territorio.
Los manifestantes recordaron que cuentan con un amparo con suspensión definitiva que les reconoce derechos de propiedad y posesión sobre las zonas forestales. Sin embargo, este fallo ha sido impugnado por dos personas mestizas que aseguran ser dueñas de predios dentro del polígono de Bosques de San Elías Repechique, y que cuentan con permisos de aprovechamiento forestal.
La Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), que brinda acompañamiento legal a la comunidad, explicó que el juicio de amparo 642/2018, con sentencia emitida el 2 de febrero de 2024, reconoce a los rarámuris como pueblo indígena y valida su reclamo sobre las 11 mil 415 hectáreas de territorio ancestral. El fallo invalida los permisos otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) antes de esa fecha, y obliga a la dependencia a consultar a la comunidad antes de autorizar cualquier nuevo permiso.
El juzgado décimo de distrito en Chihuahua resolvió este amparo tras seis años de litigio, reconociendo los derechos de la comunidad establecidos en la Constitución y en tratados internacionales firmados por México. Con base en esto, las autoridades están obligadas a revocar los permisos de tala y garantizar la protección efectiva del derecho de posesión tradicional, señalaron abogadas de Contec.
El fallo también advierte que las autoridades omitieron realizar una consulta previa, libre e informada a la comunidad antes de autorizar los permisos, y subraya la responsabilidad de los tres niveles de gobierno para proteger la propiedad comunal.
Además, el amparo ordena establecer un mecanismo sencillo y efectivo para delimitar, registrar y garantizar la propiedad de los rarámuris sobre su territorio.
Desde 2023, la comunidad también ha rechazado proyectos turísticos impulsados por empresarios de Creel y la capital del estado, argumentando que estas iniciativas agotan y contaminan el agua, afectan los arroyos y dañan el bosque con el tránsito de vehículos como cuatrimotos y razers. Como consecuencia, los manantiales que abastecían a las familias rarámuris se han secado y los arroyos están contaminados, aseguraron.
